Una
nueva imputación sumó ayer Óscar Vergara Bustos, quien habría cometido una
veintena de estafas a lo largo del país y que habría defraudado en casi ocho
millones de pesos a víctimas magallánicas.
Las
indagatorias –que son lideradas por la Sección de Análisis Criminal (SACFI) de
la Fiscalía Regional de Magallanes– sitúan el nuevo caso en Talca por una cifra
defraudada que asciende a 270 mil pesos.
El 28
de octubre de 2019, el afectado publicó un aviso en Yapo para comprar una caja
de cambios que requería su vehículo. Al día siguiente recibió la llamada de un
individuo que se presentó con el nombre del imputado. Aseguró ser dueño de una
empresa de camiones en Osorno y le ofreció el producto por 240 mil pesos.
Según
la denuncia, la víctima hizo un pago inicial de 40 mil pesos a una cuenta RUT.
Posteriormente, el vendedor le exigió adelantos por supuestos problemas
técnicos en el flete y viáticos del chófer.
El
afectado le pagó otros 130 mil pesos en dos transferencias y esperó la entrega
de la caja de cambios en el punto de entrega. Sin embargo, los vendedores jamás
se presentaron.
“Todo
lo cual obedecía a una negociación de compra y venta imaginaria, puesto que la
referida caja de cambios era inexistente”, dijo la fiscal encargada del caso,
Rina Blanco. “Aparentaron los imputados tener una empresa de transportes y
camiones para dar credibilidad y justificación”, agregó.
La
persecutora ha formalizado al imputado por otros siete casos de estafa. Seis de
ellos habrían afectado a residentes de Punta Arenas, mientras que otra causa
está judicializada en el tribunal mixto de Puerto Natales.
Todas
las estafas que habría perpetrado en Magallanes tenían un procedimiento
similar. Publicaba contenedores o productos agrícolas a la venta en internet y
se presentaba como un transportista que residía en la Provincia de Última
Esperanza. Exigía a sus compradores asumir el pago de traslado, quienes jamás
recibieron los productos.
Actualmente
cumple con prisión preventiva en una cárcel de Alto Hospicio. Tras casi un año
de investigación, el 13 de mayo una comitiva de la PDI en Punta Arenas viajó a
la Región de Tarapacá para concretar su arresto. A esas alturas tenía cuatro
órdenes de detención en tres tribunales distintos.
Por la estafa que habría ocurrido en Talca, el Juzgado de Garantía ordenó un plazo de investigación de 60 días.