Ayer
fue el primero de 14 días del juicio en contra de Jaime Tomás Cabrera
Almendra, a quien se le imputa el delito de trata de personas con fines
de trabajos forzados, en calidad de reiterado.
Las
víctimas serían ocho personas mayores de edad de nacionalidad haitiana,
cuyos nombres son Mickenson Celestin, Israel Jean Baptiste, Wisnor
Vital, Vibradege Vergilas, Charles Hobert Benoit, Jordany Pierre, Sherlo
Clermanceau y Jonas Georges.
La
acusación indica que para los primeros días de enero de 2018, los
haitianos son trasladados por vía área desde la ciudad de Santiago hasta
Punta Arenas, a orden del imputado, por Jameson Sant Fort, ciudadano
haitiano, quien se encargó de captar trabajadores de dicha nacionalidad
necesitados de regularizar su situación migratoria en Chile, el imputado
lo contactó, a fin de ser llevados finalmente hasta Puerto Natales,
para que trabajaran y prestaran servicios para él, previa compra de
pasajes aéreos.
En
Punta Arenas, las víctimas fueron recibidas y trasladadas por el
imputado hasta Puerto Natales. La acusación indica que el hombre en
juicio, retiene sus pasaportes y les indica que la alimentación e
indumentaria para trabajar serían descontadas del sueldo.
El
imputado luego traslada a las víctimas al kilómetro 10 de Villa
Renoval, el que no se encuentra urbanizado, pasándoles un recinto
guarnecido sólo con material plástico, denominado comúnmente como
“rancha”, en donde no hay conexión telefónica, ni internet, como tampoco
servicios básicos de luz, calefacción, alcantarillado y locomoción a
Puerto Natales. La acusación dice que estas condiciones obligaban a las
víctimas a mantenerse aislados, asearse y realizar sus necesidades
básicas a campo abierto, bañándose y lavándose en las frías aguas de un
riachuelo.
De
esta forma, aparentemente, las víctimas debían ejercer el trabajo de
recolección de turba y almacenarlos en sacos cuya cuota mínima para
recibir el pago era de 30 unidades. No contaban con la indumentaria
necesaria, tampoco ropa de abrigo suficiente. La acusación asegura que
los haitianos recibían $500 pesos chilenos por cada saco, a diferencia
de los trabajadores chilenos (entre $700 y $1000). Las víctimas estaban
presionadas a producir puesto que, en caso contrario, no se les haría
contrato, y por tanto, serían expulsadas del país.
Considerando
las condiciones antes mencionadas, se dice que la jornada laboral
comenzaba a las 7.00 AM y finalizaba a las 20.00 horas, sin descanso
intermedio y de lunes a domingos, sin tener días libres, cuando el clima
lo permitía. Estos trabajadores dormían en el lugar, donde se dijo que
había una choza plástica, haciendo que queden expuestos al frío y
condiciones insalubres, debido a las condiciones antes expuestas.
Dados
los descuentos que les hacía el empleador, por concepto de fotocopias,
fotografías, zapatos de trabajo, comida no perecible, y el propio
traslado de todos ellos desde Santiago a Puerto Natales, quedándoles
finalmente una suma de dinero por remuneración, muy ínfima a lo esperado
por las víctimas.
El
1 de febrero de 2018 los haitianos firmaron un contrato con Joseth
Contreras Agüero, exconviviente del imputado, quien figura como
representante legal de la empresa del mismo nombre. El documento se
encontraba en idioma castellano, la acusación dice que las víctimas no
lo entendieron, pues solo hablan el idioma creole, pero igualmente lo
firmaron porque necesitaban tramitar su visa de trabajo.
El
15 de marzo de 2018, el imputado les hizo firmar un finiquito y otros
documentos que estaban escritos en castellano, no recibiendo pago alguno
por las labores realizadas. El término de la relación laboral se
produjo puesto que las condiciones climáticas hacían imposible que los
ciudadanos haitianos siguieran trabajando, lo que los obligó a pedir
ayuda, denunciando su situación con la colaboración de una tercera
persona.
En la
audiencia estuvo presente el imputado, quien respondió las preguntas de
los intervinientes, algunas de sus declaraciones apuntaban a que las
víctimas sí entendían el castellano, asegurando que conversó en muchas
ocasiones con ellos, también dijo que se entregó indumentaria suficiente
para realizar su trabajo y pernoctar en el lugar.
En la acusación, el Ministerio Público solicita que se dicte la pena de 10 años de cárcel.