El
Ministerio Público formalizó ayer la investigación en contra de
Patricio Araneda Mena, un taxista que habría falsificado el testamento
de una difunta para apropiarse de sus bienes. El tribunal le impuso la
prohibición de acercarse a las legítimas herederas.
La
causa se inicia a partir de una querella. La mujer de iniciales A.B.S.
falleció sin dejar cónyuge, hermanos o hijos, pero le sobrevivieron dos
sobrinas. El día de su funeral, el chofer de la difunta se acercó a
ellas y les indicó que no debían preocuparse de la posesión efectiva,
pues todo era de él y un testamento lo acreditaba.
El
documento motivó un proceso judicial que concluyó en su apertura ante
el juez del Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas. Según la lectura
del magistrado, la fallecida había designado al imputado como heredero
universal, albacea y administrador de todos sus bienes.
Había
elementos que no encajaban en el testamento recién abierto. El
documento no fue manuscrito por la testadora, sino que consistía en tres
hojas de papel blanco impresas en tinta. Además, se había dejado en
blanco el día del mes en que supuestamente se otorgó el documento.
También saltó a la vista errores ortográficos. Por ejemplo, los apellidos de ambos padres de la difunta estaban mal escritos.
El
testamento concluía con una firma de A.B.S. sin un texto que la
precedía. Las sobrinas contrataron a un perito caligráfico cuyo análisis
fue concluyente: su tía jamás había suscrito ese testamento.
El
fiscal especializado en delitos patrimoniales, Sebastián González,
formalizó al imputado por uso malicioso de instrumento privado falso, un
delito que se castiga hasta con cinco años de cárcel. Señaló que las
víctimas “no pudieron ejercer sus legítimos derechos sobre los bienes
muebles e inmuebles que dejaba A. B. S. al momento de su deceso”.
Por solicitud del Ministerio Público, el tribunal le impuso la prohibición de abandonar el país y de acercarse a las víctimas.