En
junio del año pasado, un funcionario de la Municipalidad de Cabo de
Hornos sustrajo 57 canastas familiares. Las cajas estaban destinadas a
personas en situación de vulnerabilidad por la pandemia que azotaba al
país.
Ayer
se sumó una nueva arista en el caso. El Ministerio Público formalizó a
una mujer que habría recibido en Punta Arenas una de las cajas
sustraídas.
De
acuerdo con los antecedentes señalados en la audiencia, el 15 de julio
de 2020 la mujer retiró una encomienda en Punta Arenas y se retiró del
lugar a bordo de su vehículo. Sus movimientos eran vigilados por la
Policía de Investigaciones (PDI), que la detuvo en Río Seco.
Al
interior del móvil se descubrieron la caja con alimentos avaluados en
65 mil pesos, aproximadamente. La canasta destinada para ayuda social
provenía de Puerto Williams, donde “en días previos un empleado público
los había sustraído con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño”,
indicó el fiscal Oliver Rammsy.
El
persecutor le comunicó a la remitente del paquete que sería investigada
por receptación. “No podía menos que conocer su origen”, dijo el
fiscal. Por resolución del tribunal, se agendó una audiencia para enero
del 2022, donde se explorará una salida alternativa.
Condenado en el fin
del mundo
En un juicio abreviado, el empleado
municipal que sustrajo las canastas –identificado como Alejandro Barra
Soto– fue condenado el 13 de abril pasado por malversación de caudales
públicos. Cumple con 541 días de cárcel con pena remitida (firma
mensual) y debe pagar una multa de 1 millón de pesos.
Según
la sentencia, no solo hurtó las cajas de alimentos –que están avaluadas
en más de 700 mil pesos–, sino que además sustrajo un notebook que
pertenecía al municipio de Cabo de Hornos.