Ayer,
el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas sentenció a dos jóvenes
que rayaron el edificio de la actual Gobernación Regional durante el
estallido social. Los jueces le impusieron una multa de casi 232 mil
pesos por un delito de daños a monumentos nacionales.
El
delito ocurrió el 4 de noviembre de 2019. En horas de la noche, la
Plaza de Armas Muñoz Gamero era el centro de una masiva manifestación
que incluía desmanes. Entre las participantes se encontraba Isabella
Baeza Raffanel y Camila Vera Sandoval, ésta última hija de la seremi de
Trabajo, Doris Sandoval.
Las
condenadas rayaron el frontis del edificio de la exIntendencia con
frases alusivas a la revuelta. Huyeron tras ser dispersadas por el
“guanaco” de Carabineros, pero la conducta quedó registrada por las
cámaras de vigilancia. El monitor entregó sus características físicas a
la policía, quienes concretaron la detención.
El
edificio de la Gobernación –que está protegida por la Ley de Monumentos
Nacionales– resultó con daños avaluados en 50 millones de pesos por los
diversos daños de los manifestantes.
El
caso recibió cobertura nacional por las cautelares impuestas a las
acusadas. Ambas estuvieron 13 meses con arresto domiciliario nocturno
por rayar consignas al edificio.
Fue en diciembre del 2020 cuando el juez Cristián Armijo les levantó la
reclusión por considerar desproporcionada la medida ante la eventual
pena que podían recibir las jóvenes.
Casi
un año y medio después, la Fiscalía las llevó a un juicio de fondo por
desórdenes públicos y daños a monumento nacional. El tribunal sólo dio
por acreditado este último delito, imponiendo una multa de 4 UTM y 541
días de pena remitida (firma mensual ante el Centro de Reinserción Social de Gendarmería).
El tiempo que las condenadas estuvieron bajo arresto domiciliario nocturno fue abonado a la pena remitida.