Este jueves en la mañana el funcionario de Carabineros Melquicedec Henríquez Loyola
tuvo que presentarse al Juzgado de Garantía de Punta Arenas. La
Fiscalía quiere comunicarle formalmente que es investigado por apremios
ilegítimos, una causa cuyos antecedentes se mantienen reservados por el
Poder Judicial.
Todo
estaba dispuesto. La fiscal Romina Moscoso tenía a mano la carpeta
investigativa y estaban presente el Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH) como parte querellante. Incluso el Consejo de Defensa del
Estado (CDE) quiso ser parte de la audiencia por la naturaleza del
delito.
Sin
embargo, el funcionario se ausentó. Carabineros estaba a cargo de
notificarlo de la audiencia y consultaron el único domicilio que tenía
registrado: la Primera Comisaría. Como el imputado no vive en su lugar
de trabajo, la institución le informó al tribunal que fue imposible
comunicarle de la audiencia.
La
fiscal Moscoso solicitó una orden de detención para traerlo
compulsivamente a los estrados. “Nos parece que esta situación de
constatar por Carabineros que no vive ahí el imputado es una
circunstancia que contribuye a que el avance de la investigación puede
verse demorada”.
A
pesar de la oposición de la defensa, el juez Ricardo Larenas acogió la
solicitud del Ministerio Público y despachó una orden de arresto. “Es
una situación delicada y compleja. Las instituciones están cada vez más
desprestigiadas por este tipo de artilugios. Teniendo en cuenta que una
nueva citación será del todo demorada, se da lugar a lo solicitado”.