Hasta el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, por sus medios llegó un imputado de iniciales J.M.R. de 34 años, a quien se le indicó por parte de la Fiscalía que se iniciaba una investigación en su contra por un delito de abuso sexual.
En la audiencia, el fiscal Oliver Rammsy le indicó al imputado que se inició una investigación en su contra por los hechos que ocurrieron en fechas indeterminadas entre los años 2015 y 2016, cuando la víctima de entonces 11 y 12 años de edad quedaba sola en su casa al cuidado de su padrastro.
El imputado le ejecutaba acciones de significación sexual, colocándole como condición que para regalarle un celular la niña debía desnudarse frente a él, lo que realizó. Acto seguido, se habría acostado en la cama de la menor estando ella desnuda, abrazándola y subiéndola encima de él.
Se indicó por parte del representante del Ministerio Público que en otra ocasión, estando ambos solos en la casa durante ese mismo período de tiempo, el imputado a pesar que la víctima se negaba, la bañaba desnuda. Por temor de los constantes actos de violencia física que le realizaba a la menor, ella accedía, instantes que aprovechó para tocarle sus partes íntimas.
En otra ocasión se dio a conocer que el 2017, en fechas cercanas al Año Nuevo, mientras le lavaba el cabello le empujó su rostro hacia sus genitales, situación que posteriormente el imputado comenzó a darle besos en la boca a la menor.
Con estos antecedentes al imputado se le formalizó por el delito de abuso sexual reiterado y consumado con la agravante del parentesco al ser el padrastro de la menor.
El imputado quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, la prohibición de acercarse a la menor y arraigo regional. El plazo para el cierre de la investigación se fijó en 60 días, tiempo en el que se deberá determinar su responsabilidad, como la defensa comprobar su inocencia, ya que el imputado negó los hechos.
Se dio a conocer además que la abogada Claudia Guerrero del programa de Representación Jurídica, organismo colaborador del servicio Nacional de Menores (Sename), presentó una querella, la cual se declaró admisible por el juez Juan Villa en la misma audiencia.