La
Policía de Investigaciones (PDI) se querelló en contra de un joven de
20 años que protagonizó una temeraria persecución policial, donde un
funcionario casi fue atropellado y un vehículo institucional resultó
chocado.
El imputado, Enrique Andrade Triviño, era uno de los focos de la “Operación Caravana Sur”, una investigación de la Brigada Antinarcóticos
sobre sujetos dedicados a la venta de drogas en Punta Arenas. El joven
habría estado a cargo de la dosificación y comercialización de marihuana
y cocaína a través de redes sociales.
El
12 de mayo, cuatro funcionarios de la PDI a bordo de dos vehículos le
hicieron un seguimiento a distancia para fiscalizarlo, pero el imputado
hacía maniobras evasivas.
Entre
las calles Bartolomé González y Manuel Moreau, un subinspector se bajó
del carro y se presentó como un funcionario policial. Como respuesta, el
joven apretó el acelerador y arremetió contra el efectivo, quien logró
esquivarlo y disparó en cuatro oportunidades contra el automóvil.
Una
persecución se tomó las calles de Punta Arenas. Según los antecedentes
de la investigación, el joven condujo a exceso de velocidad, tomando
calles contra el tránsito y sin respetar las señaléticas. Su huida
concluyó en calle Mapuche, cerca del Club Hípico, donde chocó contra un
vehículo fiscal de la PDI. Luego prosiguió la fuga a pie, pero los
efectivos lograron detenerlo.
Al
interior del automóvil se encontraron 1,75 gramos de marihuana, 0,8
gramos de cocaína, 230 bolsas dosificadoras y un cuchillo. También
registraron su domicilio, donde hallaron pequeñas cantidades de las
mismas drogas.
El
vehículo fiscal resultó con daños avaluados en dos millones de pesos.
Dos funcionarios a bordo resultaron con lesiones leves. Según la
querella, uno de ellos “evidenció mareos, pérdida de conocimiento y
adujo un fuerte dolor de cabeza”.
El
abogado patrocinante de la acción, Hans Monroy, acusa que el joven
incurrió en maltrato de obra a funcionarios de la PDI en ejercicio de
sus funciones, un delito que se castiga hasta con 300 días de cárcel.
El
caso ya es investigado por la Fiscalía y el imputado está en prisión
preventiva. Ahora, el querellante solicita que la Fiscalía cite a
declarar a todos los funcionarios que participaron del procedimiento y
que decrete “todas las diligencias destinadas a promover la persecución
penal”.