Cerca
de 2.400 personas dedicadas a la pesca artesanal demandaron a la
Compañía Siderúrgica Huachipato por el derrame de 40 mil litros de
petróleo diésel y casi 8.000 metros cúbicos de tierra en las costas de
Isla Guarello.
Acusan
que el hecho produjo consecuencias que afectaron a sus actividades
laborales y solicitan una indemnización de 10 millones de pesos por
conceptos de daño moral.
Hechos
La
Isla Guarello se ubica en el Archipiélago Madre de Dios, a 250
kilómetros al noroeste de Puerto Natales. Desde 1951, Huachipato extrae
minerales de sus tierras y los traslada a su planta siderúrgica en
Talcahuano.
El
desastre medioambiental ocurrió el 19 de abril de 2019. Una mala
manipulación en las faenas de llenado de combustible provocó que casi 40
mil litros de hidrocarburos terminasen en el mar.
La contaminación de las aguas patagónicas devino en un amplio despliegue institucional. Concurrieron al sitio de los hechos
la Armada, la Fuerza Aérea, la Superintendencia del Medioambiente y
Sernageomin. En paralelo, se inició una causa penal en el Juzgado de
Letras y Garantía de Puerto Natales y un proceso en el Tercer Tribunal
Ambiental.
Demanda
El
caso sumó una nueva arista el miércoles. Ese día 2.426 pescadores
interpusieron una demanda ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas
por infracción a la Ley de Navegación.
Los demandantes se dedican en
su mayoría a la pesca artesanal y a la extracción de especies en la
zona afectada. Reclaman que “al derramarse el diésel al mar se generó
una grave alteración al ecosistema del lugar, afectándose la biota
marina, como mariscos y peces, columna de masas de agua y sedimientos”.
El
listado también incluye a miembros del pueblo kaweskar afincados en
Puerto Edén, Isla Wellington. Según los demandantes, el daño moral en
contra de ellos se acredita por su relación con el área afectada.
“La
zona es parte del hábitat del pueblo kawésqar, quienes en el pasado
como cazadores recolectores marinos habitaron y habitan desde el sur del
Golfo de Penas hasta el estrecho de Magallanes”, dice la demanda.
Los abogados patrocinantes solicitan
que cada demandante sea indemnizado en 10 millones de pesos “por las
molestias y sufrimientos soportados, al comprender que su única fuente
de trabajo y de subsistencia se encuentra gravemente dañada producto de
la contaminación, o bien por su pertenencia cultural y vinculación
ancestral con la zona afectada”.
La demanda fue ingresada al tribunal de alzada de Punta Arenas, pero los patrocinantes solicitan que se tramite en algún juzgado de letras de Talcahuano.