Por suplantar a su primo,
un sujeto fue formalizado luego que se aclaró el hecho luego que se
determinó que el imputado habría manejado ebrio dando un nombre de otra
persona cuando se realizó la alcoholemia.
En
una audiencia de formalización de la investigación, el fiscal jefe de
Punta Arenas, Fernando Dobson, le indicó que inició una causa en su
contra, luego que el imputado Miguel Ángel Barrera Munizaga, por los
hechos que cometió el 2 del mes de marzo de 2014, condujo en estado de
ebriedad un automóvil por calle Balmaceda y al llegar a la altura del
300 chocó contra un camión que estaba estacionado en ese lugar. A
consecuencia el mismo conductor sufrió lesiones debiendo ser internado
en el Hospital Clínico de Magallanes, producto de las diversas contusiones que sufrió.
Al
tomar conocimiento el personal de Carabineros que el imputado había
participado en un accidente de tránsito, le practicó la prueba
respiratoria, la cual fue corroborada luego por la alcoholemia que
arrojó 2.64 gramos por litro de alcohol de sangre.
En
esas circunstancias y mientras se realizaba el procedimiento, el
imputado suplantó su identidad, entregando el nombre de un primo que ni
siquiera estaba en Punta Arenas. En ese contexto, el imputado Barrera
Munizaga entregó el número de RUT y datos personales de su familiar,
quedando hospitalizado con ese nombre, como también la alcoholemia fue
ingresada con el nombre suplantado.
Con
esto, el imputado obstruyó la investigación seguida por el Ministerio
Público por el choque, llevando la investigación en contra del primo del
imputado, quien fue formalizado el año 2018 por el delito de conducción
en estado de ebriedad. Ante esto, el imputado al ser consultado por
personal policial, negó haber participado en un accidente de tránsito.
Con
estos antecedentes, al imputado se le formalizó por los delitos de
conducción en estado de ebriedad, obstrucción a la investigación y
usurpación de identidad en calidad de autor y en grado de consumado.
El
plazo para el cierre de la investigación se fijó en 60 días,
decretándose un arraigo regional, la que comenzará a regir luego que
recupere su libertad tras ingresar a la cárcel hace pocos días al
revocarle una pena de alrededor de 210 días por no cumplir con una pena.