Amenazas
a carabineros, desórdenes públicos y porte ilegal de arma blanca. Esos
fueron los delitos por los cuales Juan Pizarro Pinto fue condenado ayer.
El tribunal ordenó que cumpla con 361 días de arresto domiciliario
nocturno y el pago de 50 mil pesos.
Los
ilícitos se perpetraron el 5 de noviembre de 2019. En horas de la
madrugada y en pleno estallido social, el individuo concurrió a las
casas fiscales de carabineros en la Villa Las Naciones premunido de
objetos contundentes.
Entre
insultos y amenazas, lanzó los proyectiles a las casas de dos
funcionarios policiales. “¡Pacos c…, cafiches del Estado!”, gritaba.
Alertados por sus pares, una patrulla de Carabineros concurrió al barrio
y lo detuvo.
Los
efectivos revisaron las vestimentas del condenado y un objeto les llamó
la atención. Se trataba de un cuchillo carnicero de 35 centímetros,
cuya hoja alcanzaba los 13 centímetros.
Otro
percance ocurrió en el hospital, cuando se bajó de la patrulla policial
para constatar lesiones. Se dirigió hacia dos cabos y los amenazó de
muerte: “Sé dónde viven, son mis vecinos y voy a matar a cada uno con
sus familias”, les dijo, según la acusación.
Ya de regreso a la comisaría, el condenado lanzó una última amenaza: “Saldré libre, más vale que no duerman”, dijo.
Cuando
quedó a disposición de la justicia se ordenó que cumpliese con arraigo
regional mientras durase la investigación en su contra. En el
intertanto, uno de los policías y la Intendencia se querellaron contra
él.
Más de 22
meses después Pizarro Pinto se conectó al Juzgado de Garantía para
someterse a un juicio simplificado. Vestía de negro y aún tenía el corte
estilo mohicano que lucía cuando fue formalizado.
Tras
admitir su responsabilidad en los hechos, el juez Juan Villa lo condenó
a cuatro penas de 75 días de cárcel por amenazas a carabineros. Además
lo sentenció a otros 61 días de presidio por desórdenes públicos. Por el
arma blanca que escondía entre sus prendas, el magistrado ordenó que
pagase una multa de 1 UTM (casi 50 mil pesos).
El
tribunal le reconoció la atenuante de colaborar con la justicia. Por
ello, el tiempo de cárcel –361 días– fue sustituido por la reclusión
parcial nocturna.
La
sentencia será controlada por el Centro de Reinserción Social (CRS) de
Gendarmería, quienes deben ponerle una tobillera electrónica. Si no
tienen los medios disponibles, el tribunal ordenó que Carabineros haga monitoreo del cumplimiento.