Ayer,
el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas decidió absolver a
Santiago Garcés González del delito de comercio clandestino.
El
caso data de 2015, cuando el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) descubrió en un galpón de la parcela 63, cueros de borregos y 9 cueros de ovinos robados. Garcés González fue condenado por abigeato a tres años de firma
mensual, mientras que su padre Omar Garcés Levicoy, cumplió con 541
días de cárcel.
Aunque
ambos cumplieron su castigo, el Ministerio Público decidió continuar
con la persecución penal, esta vez por el delito de comercio
clandestino. De acuerdo a la acusación, ninguno de los imputados tenía
autorización para faenar animales. En el caso del hijo, “ni siquiera
figura como contribuyente en el Servicio de Impuestos Internos (SII)”,
por lo que no estaría autorizado para criar animales.
Según
la Fiscalía, el Estado habría tenido pérdidas de casi 12 millones por
concepto de IVA en el caso de que hayan vendido los 2.944 animales que
tenía el predio de los Garcés.
El
juicio por presunto comercio clandestino se aplazó por la contingencia
sanitaria. En septiembre del 2020, Garcés Levicoy fue absuelto tras
fallecer por una insuficiencia respiratoria.
El
lunes pasado comenzó el juicio en contra de Garcés González. El
Ministerio Público llamó a testificar a 8 personas y el SII –parte
querellante– a 5. Entre las personas que se sentaron en el estrado
estuvieron funcionarios del SAG, de la Policía de Investigaciones (PDI) y
Carabineros.
La
defensa estuvo asumida por el abogado Juan Carlos Rebolledo. Según él,
su representado ya fue juzgado por estos hechos en 2016, cuando lo
condenaron junto a su padre por abigeato. Como se probó que eran
animales robados, no se podía esperar que pagasen impuestos.
“Uno
no puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho”, dice Rebolledo. “Lo
que el SII pretendía era que mi representado tuviese que tener
obligaciones tributarias por animales robados”, explica.
Tras
cinco días de juicio, el jurado –integrado por las magistradas Jovita
Soto y Palmira Muñoz, en compañía de Guillermo Cádiz– decidieron
absolver a Garcés González.
El
veredicto de los jueces fue absolutorio “por no haber resultado la
prueba rendida en el juicio para establecer, más allá de toda duda
razonable, la participación culpable que habría cabido al acusado”, dice
el fallo.