En mayo de 1939 el Presidente Pedro Aguirre Cerda asumía su alta investidura pública señalando, respecto de la educación, que para que la enseñanza pueda cumplir su misión social con toda amplitud, era necesario que sea gratuita, única, obligatoria y laica, enfatizando con ello los principios de libertad ideológica e igualdad de posibilidades. Asimismo, declaraba su preocupación por la formación, perfeccionamiento y situación económica de los Maestros de todas las ramas de la enseñanza. 81 años después el tema no ha perdido vigencia y, por el contrario, se ha constituido en una de las ideas trascendentales y obligadas dentro del nuevo contrato social que se empieza a escribir, tomando en cuenta que, para un sector mayoritario de la población, se mantiene como un valor esencial para transformar vidas y para lograr otros derechos como la salud, el trabajo digno y la igualdad de género. La realidad nos habla de grandes brechas existentes en los procesos de formación y preparación de las generaciones que vienen a enfrentar un ambiente que se mueve entre la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad de condiciones y situaciones sociales, económicas, ecológicas y sanitarias. Ello requiere, en consecuencia, la búsqueda de un profundo consenso para evitar que el mismo proceso educativo siga teniendo el rol de acentuar las brechas que frenan las posibilidades de un cumplimiento real de los derechos de toda la ciudadanía.