Todos queremos mejorar las pensiones, pero las diferencias están dadas por las fórmulas que se proponen para ello. Desde la oposición han surgido dos planteamientos muy claros que tienen algunos puntos en común, pero que en otros difieren, como por ejemplo la viabilidad financiera de cada una de las propuestas. Para diferenciarlas claramente a una la denominaremos “Reforma Constitucional” (RC) y a la otra “Propuesta del 20 de enero” (20E), que es la que yo, junto a otros y otras senadoras, estamos promoviendo tras un acuerdo amplio de la oposición suscrito a principios de año. Veamos primero las similitudes. Ambas coinciden en asignarle un mayor rol al Estado como administrador de seguridad social, otorgándole una función más activa en su regulación, pero también en la administración de las cotizaciones y sus beneficios. Las dos proponen mayor solidaridad del sistema al destinar parte o la totalidad de las cotizaciones para alimentar un fondo solidario que financie tanto las actuales, como las futuras pensiones; las dos proponen que se considere la equidad de género como elemento fundamental, aunque la RC propone sumar años a la cotización mientras que la del 20E plantea un bono mujer universal. Ambas propuestas señalan la necesidad de tener un piso mínimo de protección social, expresado en una Pensión Básica Universal para los adultos mayores. Las dos incluyen un cambio sustantivo en el rol de las AFP en el nuevo sistema, pero difieren en los alcances. La RC las limita a la administración del Ahorro Previsional Voluntario (APV); la del 20E reduce sus actuales funciones, llevando toda la administración de cuentas a una sola institución y dejándolas exclusivamente en el manejo de fondos del componente de capitalización individual donde las personas elegirán entre gestores privados, cooperativas o una alternativa pública. En la práctica, las AFPs desaparecen tal como las conocemos, pero se respeta la libertad de elegir de los cotizantes respecto de su 10%. En cuanto a las diferencias, una primera se refiere al monto y financiamiento de una Pensión Básica Universal (PBU). La RC propone una PBU de $320.500 para toda la población, mientras que la 20E plantea una pensión básica solidaria al menos al nivel de la línea de la pobreza, es decir $170.851 que incluya al 95% de los adultos mayores. Obviamente suena mejor lo de RC, pero el problema es que para que funcione se requiere adicionar un 4,5% del PIB hacia el 2040-2045, lo que implica una reforma tributaria equivalente a casi el 25% de todos los ingresos fiscales con los que cuenta hoy el país. La otra gran diferencia entre ambas propuestas es que la RC, para efectos de definir montos de pensiones, no establece mayores diferencias entre un hombre que cotizó por 30 años versus otro que lo hizo por 10 años, con lo cual se crea un incentivo perverso que desincentiva el ahorro previsional, lo que, a su vez repercutiría en el monto del fondo y su sustentabilidad financiera, implicaría seguramente aumentar considerablemente el aporte fiscal para sostener el sistema. La propuesta de RC no ha demostrado su sostenibilidad financiera en el largo plazo, mientas que la de 20E es totalmente sustentable de acuerdo con los mecanismos establecidos por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. La mayor diferencia entre ambos planteamientos es que la RC propone la Estatización del Ahorro del 10% de las y los trabajadores chilenos en sus cuentas individuales; mientras que la 20E mantiene la propiedad de esas cotizaciones y sus rendimientos en las cuentas individuales de las personas, es decir, no son expropiados. Existen otras divergencias entre ambas propuestas que esta columna no me permite detallar, estamos en medio de un debate que no podemos seguir postergando, nuestros adultos mayores no pueden seguir esperando, aumentar sus pensiones es urgente.