El
abogado Alfonso Campos cuestionó ayer las declaraciones del doctor
Alejandro Altamirano, presidente de la Fundación Hernando de Magallanes,
respecto del funcionamiento de esta fundación, la cual recibió en forma
directa, millonarios recursos del Gobierno Regional para agilizar la
atención de pacientes en listas de espera y de expresos políticos.
Recientemente,
se reveló que parte de estas prestaciones fueron realizadas a través de
dos empresas privadas, una de ellas con un giro de consultoría en
recursos humanos y otra en la cual actúa como socio un hermano del
doctor Altamirano.
La
fundación respondió que se trata de una institución integrada por
personal ad honorem, que ha trabajado durante años con distintas
administraciones regionales, y que ellos contratan a terceros para
realizar las labores médicas que supervisan y que, en el caso de la
última factura, se debió a la necesidad puntual de superar una situación
de emergencia, ante el incumplimiento de un proveedor.
Campos
El
abogado Alfonso Campos, quien fuera una de las primeras personas en
criticar este acuerdo con la fundación, tras darse a conocer los montos
involucrados, rechazó ayer estas explicaciones.
“Mis primeras noticias sobre la fundación Hernando de Magallanes, dijo, fue con motivo de los intentos de las Hermanas
de la Caridad San Vicente de Paul de vender o arrendar el Hogar de
Niños Miraflores y que se decía que lo iban a ceder a unos medicos
filántropos que se dedicaban a la atención de ancianos desamparados”.
Campos,
quien jugó un papel clave para impedir esta venta, que contradecía el
sentido original de la donación, se llevó entonces una sorpresa, dice.
“Ahí,
descubrimos que dicha fundación no tenía un patrimonio dedicado a un
fin caritativo sino que era una intermediaria que recibía dineros del
fisco y los repartía en su totalidad en diversas sociedades que se lucraban con la salud.
El problema
que el valor de las prestaciones médicas que efectuaban y los insumos
que compraban eran mucho mas alto que los valores de mercado, por lo que
se puede presumir que la mayoría de las platas fiscales quedaba en
personas relacionadas con dicha fundación”.
En
este caso puntual y tras conocer las rendiciones correspondientes,
declaró: “La rendición de la fundación respecto de los expresos
políticos es para confirmar las sospechas. De los $127 millones
rendidos, $115 millones son para una empresa consultora privada, $7
millones para una sociedad entre el dueños de la consultora y el hermano del presidente de la fundación y $2 millones 500 mil de honorarios para este último”.
Agregó
que “el argumento del doctor Alejandro Altamirano de que usó la
sociedad de su hermano porque necesitaba transporte es gravísimo ya que
la factura es por insumos clínicos, es decir, sería una factura
ideológicamente falsa por propia confesión”.
También
hizo presente la situación de Isabel Contreras Mansilla, tesorera de la
fundación, “pero su correo aparece también en la factura de la sociedad
del hermano por lo que ella misma recibía los dineros”.