Inquietos y preocupados por la preservación
del monumento se mostraron Mateo Martinic, abogado e historiador, Fernando
Calcutta, investigador y documentalista patrimonial y Dante Baeriswyl,
arquitecto, quienes integran la organización.
Con preocupación han observado desde la agrupación
Patrimonio e Identidad Magallánica la polémica suscitada en torno a la estatua
erigida al premier juez letrado de Magallanes, Waldo Seguel, que permaneció por
90 años en el bandejón central de Avenida Colón al llegar a calle Bories.
La controversia surgió cuando, en el Juzgado
de Garantía de Punta Arenas, el abogado José Luis Saavedra Dollenz interpuso
una querella en contra de quienes resulten responsables por el retiro del
monumento a Waldo Seguel del centro de Punta Arenas, denuncia efectuada el
pasado 22 de enero del presente año.
De acuerdo a la acción judicial, el retiro de
la estatua y su disposición en una bodega del municipio corresponde a una
infracción a la Ley de Monumentos Nacionales.
El monumento fue retirado de su ubicación
para realizar una nueva infraestructura de remodelación del lugar y construir
la plaza de los Derechos Humanos. .
Miembros de la agrupación Patrimonio e
Identidad Magallánica manifestaron su molestia contra las voces que solicitaban
no reponer la estatua, debido al rol que el juez tuvo en la muerte de tribus
indígenas de la Patagonia.
Mateo
Martinic, abogado e historiador; Fernando Calcutta, investigador y
documentalista patrimonial y Dante Baeriswyl, arquitecto; todos miembros de la
organización, manifestaron su preocupación por el estado que se encuentra la
estatua de Seguel.
Martinic, fue enfático en su apreciación y
dijo que “con el conocimiento que tengo y el título que me da mi actividad, no
es materia de revisión histórica, no nos corresponde ni a nosotros, ni a
quienes están haciendo de jueces. No corresponde revisar si una estatua
pertenece o no pertenece. La historia y época que en su momento juzgó a este
hombre” aludiendo a Seguel que 10 años después que merecía que se levantara una
estatua en su homenaje”, aludiendo que “queremos que a la ciudad se le
restituya, algo que formó parte de su materialidad” .
Por su parte, Baeriswyl, señaló que “nosotros
no juzgamos la parte política, nosotros vamos al fondo de esto que es el
patrimonio, hay un monumento histórico que se levantó a un personaje, no
juzgamos lo que hizo o no hizo”. Argumentando que “no es una decisión del
alcalde ni de los concejales que van hacer con los monumentos, es una decisión
del Consejo de Monumentos Nacionales y menos de la opinión pública”.
En tanto, Calcutta, puntualizó que “nunca se
dijo que se iba a sacar para siempre, siempre se dijo que se iba a trasladar y
nunca se pidió la autorización correspondiente, es una falta gravísima lo que
se hizo”. Además, comparó la situación con las animitas que se encuentran en
distintos sectores de la ciudad, señalando que
“es más difícil sacar una animita que sacar un monumento que fue
erigido, hace 90 años atras, por erogación popular. Nadie ha juzgado si esa persona
merecía o no tener esa animita, por su curriculum o tuvo la desgracia de morir
en ese momento”.
Los académicos entregaron una carta en la
Municipalidad de Punta Arenas, dirigida al alcalde, Emilio Boccazi, donde
expresaron su preocupación, recordando que fue el primer juez en Magallanes.
Además argumentaron que su extracción se realizó sin “la autorización del
Consejo de Monumentos Nacionales”.