Una
masiva manifestación se produjo en la noche del martes en Punta Arenas,
por parte de organizaciones de la vivienda, en momentos que se
realizaba la cuenta pública del Gobierno Regional.
Cristina
Mamani, presidenta de la Agrupación Esperanza, explicó: “Nosotros nos
acercamos no solo la Agrupación Esperanza, sino que había ocho o nueve
agrupaciones con las cuales estamos unidas para que puedan avanzar con
el tema de vivienda en la región. Nosotros ya hemos tocado puertas
muchas veces del seremi de Vivienda, la directora de Serviu, la EP
municipal, a la cual pertenecemos, pues somos parte de la demanda de la
EP municipal. Pero desde la Seremi de Vivienda nos mencionan que, para
nosotros como agrupaciones, no hay terrenos disponibles y no hay cabida
para ningún proyecto de integración que ellos tienen, porque ellos
esperan que nosotros para postular al subsidio DS 49, vengamos con el
proyecto armado con las constructoras y cuando nos acercamos a estas,
ellas dicen que no tienen terrenos”.
Otro
tema que preocupa a las agrupaciones de vivienda es que las casas que
se están proyectando son de menor calidad y menores niveles de
urbanización que las actuales lo cual tampoco es aceptable, dicen. “Hoy
se entregan casas con calles, ahora se habla de pasajes y casas
pareadas”, indicó.
Agregó
que la manifestación tuvo como objetivo entregar una carta, que fue
efectivamente recibida y en la cual le piden al gobernador regional,
Jorge Flies, que busque soluciones a la dramática situación que viven
cientos de familias de Magallanes en materia de vivienda. “Sabemos que
él no tiene la solución instantánea, pero es la máxima autoridad
regional y debe buscar soluciones para todos quienes confiaron en él y a
quienes representa”
Roxana Gallardo
La
consejera regional Roxana Gallardo declaró: “Es crónica de una muerte
anunciada. Si no tienen la noción de que este tipo de cosas se van a
seguir viniendo, es que no están entendiendo nada… hay muchas familias
que están en espera que exista claridad de cómo se van a seguir
avanzando los nuevos proyectos”.
Gallardo
explicó que los proyectos hasta ahora inaugurados o que están
avanzando, son proyectos que ya venían de mucho antes y que ya estaban
asignados. “Se habla de todo lo que se ha entregado, pero son todos
proyectos que ya tienen beneficiario”. Recordó que recientemente, el
Consejo Regional aprobó recursos para casi mil viviendas. “La gente
tiene que saber que esas mil familias ya estaban aprobadas hace bastante
tiempo atrás”.
Explicó
que el problema de fondo es la decisión de las autoridades de impulsar
una política nacional que en Magallanes, en la práctica, excluye a
muchas familias, porque los niveles de vulnerabilidad social son
distintos, debido a la condición de zona extrema. “Existe una política
habitacional de nivel nacional de cómo trabajar para dar soluciones
habitacionales y eso se quiere imponer aquí, pero si quieren hacer esa
política pueden, pero no con fondos del Gobierno Regional, porque cuando
se ponen platas extras es para una casa de mejor calidad y no
retroceder en eso”.
López
A
su vez, el consejero regional Andrés López, afirmó que “todo el mundo
tiene derecho a manifestarse siempre y cuando se haga con el respeto
debido. El tema lo hemos estado conversando como Consejo Regional y lo
único que queremos es socializar los procesos, acelerarlos lo máximo
posible, siempre y cuando dependa de nosotros”.
Precisó
que “en el convenio de programación que tenemos con el Ministerio de
Vivienda, tenemos participación en algunos proyectos, pero en otros no,
como es el caso de los edificios, donde nosotros no colocamos recursos”.
López
fue enfático en que se debe respetar la relación 70-30, es decir, 70
por ciento de familias vulnerables y 30% de familias de clase media,
pues la crítica es que todos los recursos están siendo dirigidos a
familias vulnerables que en Magallanes son menos que en el resto del
país.
“Nosotros
lo ratificamos el otro día con la directora regional de Serviu que la
relación es 70-30, según dice el convenio de programación”.
Finalmente,
indicó que dado el fuerte aumento de costos por parte de las
constructoras y dado que “no se puede bajar la calidad de la casa”,
afirmó, la solución que finalmente se producirá es un aumento de
recursos regionales. “Creo que el Gobierno Regional va a tener que
poner, finalmente, más recursos en el tema de la vivienda”, concluyó.