Un
conflicto de tres frentes está protagonizando la Municipalidad de Punta
Arenas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y la Contraloría General
de la República, por una especificación en el Plano Regulador de Punta
Arenas.
El
actual Plano Regulador fue promulgado en 2016 y pasado unos años, se
hizo una observación a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, indicando que
no quedaba claro si ciertos terrenos eran inundables o no, por lo tanto,
debido a que existía ambigüedad, se emitió un documento desde la
secretaría regional ministerial que especificaba la interpretación que
se debía hacer para esos sectores, concluyendo finalmente que los
terrenos no eran inundables. Sin embargo, el año pasado Contraloría
indicó que el documento no era válido porque no estaba firmado por el
seremi y no pasó por manos de la asesoría jurídica correspondiente.
Junto a ello, objetó al municipio la entrega de permisos de
construcción, ya que, además, se había dictaminado una nueva forma de
interpretar la situación de estos terrenos. Ahora son inundables. La
municipalidad, asegura que jamás fue notificada de este cambio.
En
concreto, el municipio busca cambiar el Plan Regulador para que se
despejen todas las dudas respecto de esos terrenos. Mientras tanto, no
se podrá llevar a cabo ningún proyecto de construcción, ni otorgar más
permisos. Esto significa que proyectos habitacionales, el nuevo cuartel
de la PDI, el nuevo Hogar Infantil Ignazio Sibillo, entre otras
iniciativas, no se podrán concretar o se atrasarán. De igual forma, las
personas que quieran regularizar su hogar por medio de la “Ley del
mono”, no podrán hacerlo. Un sector afectado por esto es Villa Las
Nieves.
Preocupación
El
Consejo Regional de Magallanes (CORE) está al tanto de la situación, ya
que ellos personalmente han aprobado la entrega de fondos para llevar a
cabo proyectos de construcción en estos terrenos, porque se les aseguró
que contaban con el permiso o que estaba permitido.
“Aquí
claramente hubo dejación cuando se elaboró el Plano Regulador, estuvo
mal realizado y generó este grave problema. Generalmente, las zonas
inundables son hipotéticas, porque hacer un estudio completo sería muy
caro y largo. Entonces las personas que quieran construir ahí, tienen
que presentar un informe que garantice la vialidad de construcción o
hacer las obras correspondientes para que esto sea así. Actualmente el
Plan Regulador permite la desafectación del terreno, pero permite que
solamente sea usado para áreas verdes, deportes y edificios religiosos.
Ahora es necesario modificar el Plan Regulador, pero esto se debió haber
hecho hace años. Ahora esto paraliza un montón de inversiones y habrá
demora en los proyectos. Aquí hay una desidia tanto de los seremis de
Vivienda como de la municipalidad que no se preocuparon”, dijo el
presidente del Core, Alejandro Kusanovic.
“El
Consejo Regional está muy preocupado por esta situación y esperamos que
apenas se pueda, tener una reunión que primero nos permite hacer un
catastro, ya que hemos aprobado proyectos en estos sectores ahora
inundables, se ha permitido la compra o adquisición de terrenos para la
construcción de viviendas fundamentalmente. Debido a todo esto, es
probable que todos los proyectos condicionados tengan algún nivel
de atraso y realmente lamentaría eso. Sin duda, nosotros vemos que la
construcción de viviendas es revitalizante para la economía regional.
Ocupa una gran mano de obra y sí es importante para nosotros”, dijo por
su parte el presidente de la Comisión de Infraestructura del CORE, Miguel Sierpe.