Revuelo
causó la detección de un buque antártico británico que zarpó desde las
Islas Malvinas y navegó de manera ilegal por aguas argentinas rumbo a
Punta Arenas. La nave en cuestión es de insignia de British Antarctic
Survey, rompehielos y laboratorio flotante. Las autoridades navales del
país vecino, que activaron los protocolos correspondientes, resaltaron
la necesidad de contar con autorización argentina si se requiere avanzar
por su mar.
La
cancillería trasandina tomó nota, a través de un informe de la
Prefectura Naval Argentina, de la recalada del buque antártico británico
SSR Sir David Attenborough en el puerto de Punta Arenas, ocurrida el 21
de enero. Frente a esto, la cancillería del vecino país se concentró en
constatar si Chile cumplió con el compromiso dispuesto en la
“Declaración de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados sobre
buques que enarbolan la bandera ilegal de las Islas Malvinas”, adoptada
en Montevideo (Uruguay) el 20 en diciembre de 2011.
Esa
declaración de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados
“reiteraron el compromiso oportunamente asumido de adoptar, de
conformidad con el Derecho Internacional y sus respectivas legislaciones
internas, todas las medidas susceptibles de ser reglamentadas para
impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolen la bandera
ilegal de las Islas Malvinas”.
Alertada
por la Prefectura Argentina sobre el incidente, la Cancillería
trasandina solicitó información al respecto a su Consulado en Punta
Arenas, cuyas autoridades “pudieron constatar que el buque enarbolaba
pabellón rojo británico y que, por lo tanto, no se había quebrantado el
referido compromiso”.
No
obstante, la oposición argentina no dejó pasar este episodio, y
presentó un proyecto para pedir informes sobre los “movimientos
irrestrictos” del buque británico en cuestión, entre Puerto Argentino y
Punta Arenas; enfatizando “el apoyo logístico implícito a dicha
operación prestado por el Gobierno de la República de Chile”. El escrito
ya fue presentado en la Cámara de Senadores de la República Argentina,
con la firma de los representantes de Tierra del Fuego, Pablo Blanco; y
de Santa Cruz, María Belén Tapia.
Al
respecto, el analista internacional Jorge Guzmán explicó que “el
reclamo de un par de senadores argentinos por la presencia en el
Estrecho de Magallanes y Punta Arenas de un buque científico británico
es equivocado. Omite recordar que el Estrecho de Magallanes fue
neutralizado por el Tratado de Límites de 1881, un concepto legal y
político ratificado con el Tratado de Paz
y Amistad de 1984. Ello significa que Chile y Argentina están obligados
a respetar la libre navegación de naves de todas las banderas y,
además, que el Estrecho no puede ser objeto ni sujeto de una disputa,
por ejemplo, aquella por las islas Falkland/Malvinas”.
El
mismo analista político señaló que “este reclamo debe entenderse en el
marco del intento argentino de considerar el Estrecho de Magallanes como
espacio compartido, no obstante que en 1881 quedó establecido que,
desde Punta Dúngenes y el cabo espíritu Santo hasta su Boca Occidental,
este pasaje marítimo es íntegramente chileno, por lo tanto, los
senadores argentinos no tienen ninguna capacidad para pautear a Chile
respecto de quién puede o no puede navegar el estrecho”.
Para
cerrar el análisis, Guzmán explicó que “Chile no debe aceptar esa
pretensión que, recordemos, es parte de una antigua tesis geopolítica
argentina que aspira a co-gobernar el Estrecho de Magallanes en forma de
espacio compartido. Esa aspiración fue reiterada en 2021 en la actual
Directiva de Política de Defensa Nacional que, nada más ni nada menos,
tipifica a los espacios al sur del estrecho como espacios compartidos”, e
hizo un llamado al Presidente de Chile, Gabriel Boric, “a ser claro y
preciso en esta materia”.