El próximo 5 de enero los parlamentarios analizarán el proyecto que desmunicipaliza la educación en Chile, con lo cual se estaría cumpliendo con un proceso legislativo que podría concretar una de las promesas de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet. Pero el proyecto que anunció la Mandataria hace más de un mes, y que tratará de implementar servicios locales de educación, ha encendido las alarmas de uno de los gremios más grandes de Magallanes; los Asistentes de la Educación, quienes creen que la implementación de la iniciativa, tal como está hoy, provocará una debacle en el sector.
El presidente de la Asociación de los Asistentes de la Educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Javier Quintul, quien lidera a más de 500 de esos trabajadores, dijo respecto de la iniciativa que “este traspaso afecta directamente a los sindicatos de las corporaciones, el perjuicio es directamente hacia nosotros, porque al cambiar de empleador, en este caso, los asistentes de la educación perderemos todas las batallas ganadas en las negociaciones colectivas”.
Quintul sostiene que con la nueva ley se derogarán los sindicatos: “El proyecto no contempla que tú vayas a ser público, porque aquí te traspasan con la misma ley del Código del Trabajo que es la Ley 19.464. Lo mismo ocurre en el caso de los profesores, pero nosotros (los asistentes) sufriríamos una modificación de esta ley”, la que actuaría sobre las corporaciones municipales y las direcciones de educación existentes en todo el país.
Inconsecuencia
Quintul señaló que el derogar los sindicatos a través del cambio de ley y el traspaso de empleador, delata el doble estándar en el discurso del Gobierno: “Ahí está la inconsecuencia, la verdad es que nosotros estamos apelando al rasgado de camiseta que hace el Gobierno porque ellos quieren una reforma laboral que potencie la sindicalización en Chile, que llega a un 8%, y propulsar las negociaciones colectivas, por un lado, y por otro deroga sindicatos”, dijo
Quintul hizo un llamado al Gobierno para que aclare su posición, y mantenga la capacidad de negociación de los sindicatos.
Indemnizaciones
El dirigente explicó que esos trabajadores ante un cambio de empleador, “esperarán una indemnización por los años de servicio o ¿cómo lo va a ser el Gobierno con el cambio de empleador?, ¿qué significa decir “sin solución de continuidad”?,¿vamos a tener los mismos beneficios?¿qué va a pasar con los que son contratados antes de 1980, y que les conviene que los echen y que les reconozcan los años de servicio?”, manifestó.
Quintul destacó que también el Gobierno debería entender que existen trabajadores que no quieren cambiar de empleador, “hay que entender que las corporaciones no van a desaparecer, porque en el caso de Punta Arenas, todavía quedarán dependiendo de ella el área de Salud y de Atención al Menor. O sea, a un asistente podrían enviarlo a realizar funciones en un centro de salud, y ¿qué pasará con la designación de funciones?”, dijo.
Otras de las inquietudes, que ponen en alerta máxima al gremio, es el destino que tendrán los funcionarios que no posean el cuarto medio rendido, o que no tengan títulos técnicos para desempeñar un cargo que actualmente ejercen, situación “que es muy recurrente, por ejemplo, en la administración de la Corporación Municipal”, destacó.