El
7° Juzgado Civil de Santiago suspendió el lunes los efectos de medidas
adoptadas por el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola
Ganadero (SAG) tendientes a suspender la tramitación de toda solicitud
de certificación de proyectos de subdivisión de predios rústicos, en
aquellos casos en que se advierta que el proyecto pudiera involucrar un
eventual cambio de destino de los lotes.
La
medida precautoria busca suspender los efectos de los mencionados actos
administrativos, mientras no se resolviera el juicio y hubiera una
sentencia de término. El tribunal acogió la precautoria el lunes.
“Se
decreta la medida solicitada, suspensión de los efectos de los actos
administrativos impugnados, Ordinario N° 637, de fecha 12 de julio de
2022, suscrito por el Ministerio de Agricultura, subsecretario de
Agricultura y director nacional (s) del Servicio Agrícola y Ganadero, y
Ordinario N° 475, de fecha 18 de julio de 2022, emitido por la dirección
nacional del Servicio Agrícola y Ganadero”, señala la resolución.
Oficio
El
12 de julio el Ministerio de Agricultura emitió el oficio 637,
instructivo que ordenaba al Servicio Agrícola y Ganadero endurecer los
criterios para autorizar subdivisiones de predios rurales, suspendiendo
todas las solicitudes en los casos en que se sospechara que estos serían
destinados a fines habitacionales, lo que motivó la acción judicial de
parte de la agrupación Chile Rural, organismo que, según informó Diario
Financiero, aseguró que la normativa del Ministerio de Agricultura
excedía sus atribuciones, las cuales, a su juicio, solo le competían al
Poder Judicial, motivo por el cual la entidad gremial pidió suspender
los efectos de esta normativa.
Asogama
En
tanto, el presidente de Asogama, Gerardo Otzen, apoyó el dictamen.
“Estamos de acuerdo con lo planteado por el tribunal y compartimos sus
fundamentos, ya que no se puede prohibir la subdivisión de un terreno
porque eso no está prohibido por la ley, lo que está prohibido es el uso
urbano de los terrenos adquiridos bajo esa subdivisión, pero eso no es
responsabilidad de quien vende, sino de quien compra, y eso es lo que la
autoridad debe fiscalizar”.