Preocupante resultó el balance de Vivienda y Entorno Urbano del año 2019 en la Región de Magallanes.
Son cerca de 3.600 las familias que se encuentran con Déficit Habitacional, es decir, el 18% de su población vive en condiciones de allegados (5.205 personas aproximadamente) o tienen viviendas deterioradas o irrecuperables, según consta en el balance.
“Es injusto cómo ha funcionado el sistema en la actualidad y cómo ha funcionado en los últimos 30 años”. Roxana Galalrdo, consejera regional de Magallanes.
Aunque la región posee el menor déficit habitacional de todo el país, los requerimientos habitacionales aumentaron en un 66% respecto de los resultados del mismo estudio realizado en 2015.
2.670 familias se encuentran con déficit habitacional en Punta Arenas, mientras que 1.122 sufren la misma situación en Puerto Natales.
A nivel regional son 3.601 las familias afectadas. En el panorama general, se desprende que el déficit habitacional en la Región de Magallanes en 2017, el 61% de las familias que se ubica en el tramo de menores ingresos, un 27% son familiares de niveles de ingresos medio y, finalmente un 11% corresponde a familias de altos ingresos.
Entre las razones del destacado aumento del déficit habitacional en la región de Magallanes se encuentra el encarecimiento del suelo, las difíciles condiciones crediticias a la hora de acceder al mercado inmobiliario, el rápido deterioro de las viviendas y el aumento de allegados e inmigrantes en la zona.
“El déficit habitacional, corresponde en su mayoría a familias que si bien tienen una vivienda, el nivel de deterioro es tan alto que es necesario reemplazar estos inmuebles”, comentó Francisco Valdés, analista de la gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción durante el simposio Construye Patagonia 2019.
Situación en Punta Arenas
Según el informe, en la capital regional de Magallanes, es donde más se vive el mayor déficit habitacional, entregando un total de 2.670 familias ya sea en situación de allegamiento o con problemas de viviendas deterioradas. A esto hay que sumarle el reciente informe de Contraloría que podría llevar a la paralización de 2.500 viviendas.
Para la consejera regional Roxana Gallardo esto es un problema que viene acarreándose hace bastante tiempo, comentó que “lo he dicho en reiteradas ocasiones, aquí el problema no es la cantidad de viviendas que se construyen, sino, directamente a quienes están llegando estas viviendas sociales. Cuando se entrega un conjunto habitacional de 200 o 300 viviendas, pasados los primeros 15 días comienzan a aparecer ofertas de arriendo en el mercado de estas mismas viviendas, estos hogares finalmente están llegando a personas que viven con sus padres o personas que tienen construcción en sitios de los padres, le he dicho al ministro y a su encargado de programas habitacionales cuando estuvo hace unos días aquí en la región, que mientras no se ponga como cláusula o se priorice a las personas que pagan arriendo, no habrá solución”.
“Las personas que están pagando arriendo en Magallanes son las personas que no acceden a estas viviendas porque no tienen capacidad de ahorro”, dijo Gallardo, añadiendo que “aquí hay mucha gente que queda fuera del 40% más vulnerable producto que para poder pagar un arriendo en la región, la persona o el grupo familiar a lo menos debe tener un ingreso de 700 u 800 mil pesos, mientras que una persona que vive con sus padres, sí tiene la capacidad de ahorro que exige y sí puede pertenecer al 40% quienes son finalmente a los que benefician del Estado”.
“Es injusto como ha funcionado el sistema en la actualidad y como ha funcionado en los últimos 30 años” agregó la consejera regional.
Juntas de Vecinos
Por su parte, Cecilia Cárdenas, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Punta Arenas, comentó que “esto es preocupante, como dirigenta según lo que veo, la demanda de vivienda ha crecido cada día más, claramente es un tema muy preocupante, comprar una vivienda en Magallanes es difícil, el costo es muy alto y si a esto le sumas el frente de la construcción de las viviendas, es muy preocupante”. Agregó que “a esto sumemos que los arriendo son altísimos en la región y probablemente por el estallido social va a aumentar también la cesantía, la responsabilidad de esto es de la autoridad, ellos deben reaccionar, son los responsables de darles soluciones a la gente, quizás debemos ponernos más ácidos en la crítica y presionar más para que no se detengan las construcciones de las viviendas” puntualizó.