Una
querella criminal interpuso ante el Juzgado de Garantía de Punta
Arenas, un conductor que se desempeña desde el año 2011 como conductor
en el Gobierno Regional de Magallanes.
Según
explicó el abogado querellante, Mario Elqueta, su representado mantiene
en la actualidad el 57% de discapacidad auditiva en ambos oídos. “Mi
representado Segundo Emilio Fuenzalida, es un funcionario de bastante
tiempo del Gobierno Regional, que hasta el año 2014 desempeñaba
funciones como chofer.
Posteriormente durante ese período y con el nuevo
gobierno comenzó con muchos problemas ya que sus jefaturas comenzaron a
cambiarlo de posición, señalándole directamente que para ellos era una
carga tenerlo, por lo que le asignaban diferentes tareas desde limpieza,
o lugares sin escritorio, hasta que le asignaron un espacio en el
edificio, en la parte de las calderas”.
El
abogado querellante argumentó que “a mediados de agosto de 2015, al
darle una tarea en el sector de las calderas, sin implementos de
seguridad, en zonas donde se sufrió la inundación tras el desborde del
Río de Las Minas el año 2012, donde había distinto tipo de material y
ruidos fuertes en las calderas, y a pesar que el pidió a su jefatura ir a
esa zona, pero poco les interesaba la salud y el estado de este
funcionario.
Producto de haber estado expuesto por varias semanas a ese
nivel de ruido, sin contar con los implementos de seguridad por órdenes
de su jefatura, mi representado se encuentra con graves secuelas, es
decir se encuentra con lesiones graves que son traducidas en una
enfermedad llamada tinnitus”.
El
abogado señaló que buscan responsabilidades penales con esta acción
judicial. “Creemos que existen responsabilidades por negligencias
graves, ya que a sabiendas de las dificultades que tenía ese lugar de
trabajo nadie se preocupó, e incluso tenemos antecedentes escritos de
que consejeros regionales como Antonio Ríspoli realizaron denuncias ante
el Consejo, y nadie tomó cartas en el asunto llegando al resultado que
tenemos hoy día y por lo tanto tenemos el derecho de perseguir las
responsabilidades penales y luego civiles correspondientes”, dijo.
El
abogado Elgueta agregó que su representado se encuentra trabajando con
todas las discapacidades que significan las lesiones que sufrió. “La
verdad que está en tratamiento permanente en Santiago con otorrino, que
están tratando su situación, tiene su certificado de discapacidad del
Compin, acreditando su limitación, problema que antes no tenía y esto
marca su vida. Además de su cuadro médico se le suma un cuadro depresivo
que sufre por esta situación.
La ley nos da el derecho de reclamar
estas responsabilidades, donde la investigación deberá determinar quién
dio esa orden y luego de darla, quien era el encargado de velar la
seguridad de esta persona y no lo hizo y que imprudentemente provocó
estas graves lesiones que buscaremos a través de la penalidad su
responsabilidad”, señaló.
Querella
Según
la acción judicial que se declaró admisible por el Juzgado de Garantía,
indicó que el querellante, Segundo Emilio Fuenzalida Ortiz, se
desempeña a contrata desde el año 2011, en el Gobierno Regional de
Magallanes como chofer, esto hasta los años 2014 y 2015, donde – según
indica la querella – ocurrieron una serie de hechos que terminaron con
provocarle la incapacidad que fue conocida por el entonces jefe de administración
y finanzas, Patricio Kruger, el actual jefe del Departamento de
Servicios Generales Oscar Sierpe y el jefe del Departamento de Gestión
de personas, Héctor Díaz.
Entre
los argumentos el afectado relata que en agosto del 2014, al retornar
de su feriado legal, Patricio Kruger, de manera violenta le indicó que
no necesitaban de sus servicios, amenazándolo con despedirlo.
Tras
esto, le comentó lo sucedido, el querellante se dirigió donde Oscar
Sierpe quien le indicó que no tenía donde ubicarlo, diciéndole que era
“un cacho”, siendo derivado a una oficina de partes como reemplazo. Tras
esto, Sierpe le habría
indicado que le encontró un lugar para realizar limpieza a las
calderas, lugar donde existían archivos que incluso no se habían
limpiado tras el desborde del 2012.
Al no tener un lugar estable, y para
poder realizar funciones, el querellante argumenta que se trasladó a
ese lugar, donde se encontró con cables de energía expuestos, poca
iluminación y sin portar elementos para protección auditiva tuvo que
soportar los fuertes ruidos de las calderas. Además de soportar todos
los archivos contaminados por las aguas del desborde del Río de Las
Minas, fuertes olores que aguantó sin ni siquiera mascarillas que no se
le facilitó por sus superiores, ya que le indicaron que no había dinero
para adquirir esos implementos.
Se
indica además que a pesar que Fuenzalida les pidió a los querellados a
que bajen a ver las condiciones en las que estaba trabajando, ellos se
negaron.
Con
estos antecedentes, el querellante busca que se aplique la sanción
correspondiente a los querellados por un cuasidelito de lesiones graves.