La Ley N°21.057, la cual “Regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales”, tiene como propósito evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir los niños, niñas y adolescentes con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos señalados, previniendo con ello el proceso de victimización secundaria.
Igualmente, considera los delitos de trata y tráfico de personas, secuestro y sustracción de niños, niñas y adolescentes, delitos violentos y robos.
La protección de la ley se extiende a las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento, quedando sometidos estas instancias a los principios de Interés superior, autonomía progresiva, participación voluntaria, prevención de la victimización secundaria, asistencia oportuna y tramitación preferente, y por último, el resguardo de su dignidad.
Para una adecuada implementación, el Ministerio Público, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Ministerio del Interior, Seguridad Pública, Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, están coordinados y actúan en conjunto para dar cumplimiento a cada una de las funciones que se señalan en la propia ley.
Pionero
Magallanes fue una de las regiones pilotos para la implementación de este sistema, siendo introducida de forma gradual a partir del 3 de octubre de 2019, fue en la misma fecha pero del año 2022, que entró en vigencia al 100% y hace pocos días se cumplió un año oficial de aquella herramienta utilizada para fines investigaciones y procesos judiciales.
Quien estuvo encargada de poner en marcha el sistema desde el Ministerio Público, fue la jefa de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y testigos de la Fiscalía, Alejandra Guevara Mendoza, quien se refirió al sistema y explicó algunos detalles.
– Magallanes fue una de la regiones pioneras en la implementación de este sistema ¿cómo se realizó aquella puesta en marcha?
“La ley obliga a las instituciones que directa o indirectamente se van relacionando con la materia de la persecución penal, y que tratan con estos perfiles especiales, a cumplir estándares. Primero el respeto a derechos internacionales, autonomía progresiva, que los niños y niñas sean informados de las gestiones que van a participar, la razón de ser y que puedan dar su voluntariedad. Hay un resguardo de sus datos, del contexto en el cual ellos van develar su información y el núcleo central es reducir la victimización secundaria, lo cual se puede definir como las consecuencias negativas adicionales a la victimización primaria, que es el sufrir el delito. En concreto, con esta legislación se busca reducir al máximo las veces que se le pregunta a la víctima qué fue lo que le pasó, qué sucedió, que tengan que estar contando su historia más de una vez para poder validar sus testimonio.
Nos adelantamos a la obligación legal a partir, y ya en 2017 iniciamos autónomamente a ajustarnos a esta futura legislación, para así ver anticipadamente los ajustes necesarios, al igual que resguardos para las víctimas.
Esto fue un cambio radical, no solamente operativo y visual, en referencia a la forma en que pregunto o tomo declaración de una víctima. Es más bien un cambio de principios, un paradigma totalmente diferente, es el cómo me relaciono con los niños, niñas, adolescentes, víctimas y testigos de delitos de gravedad, y el resguardo de sus derechos.
Partimos desde un nivel de cambios en la infraestructura, habilitar salas especiales insonorizadas, equipo a utilizar. Lo cuento como anécdota, yo pensaba que había que esconder las cámaras y resulta que no, la ley es muy transparente, el sistema en sí, se explica a las víctimas el cómo opera ésta declaración, qué se va hacer con su declaración y la finalidad del proceso.
La formación también era fundamental, un fiscal podía tener 20 años de ejercicio en la región, pero si no tiene la formación especial que esta ley exige, no puede derechamente entrevistar.
Es así que empezamos con todo un proceso de acreditación de entrevistadores, que implicó meses de trabajo, formación especial, entrenamientos y que por ley deben validarse cada cierto tiempo, es decir, no es una cosa que se formaron en su momento en 2018, cada cierta cantidad de meses o años, tienen que volver a estudiar. En estos momentos, a modo de información, estamos viviendo un proceso de reacreditación de nuestros entrevistadores, con una serie de pruebas, validación de conocimientos y actualizaciones. Ahora debería estar siendo tramitado para ser validado”.
– ¿Qué conocimientos deben tener los entrevistadores para efectuar esta delicada labor?
“Es toda una formación académica desde lo jurídico y prioritariamente de habilidades blandas. El poder saber conducir correctamente una entrevista, de forma en que se vulnere lo menos posible, se pueda obtener información, sin inducción, con cuidado extremo del estado emocional de la víctima. Tanto es así que nosotros, que debemos hacer evaluaciones, le decimos al fiscal si la víctima está en condiciones o no de ser entrevistada, si la evaluación indica que no, por mucho que sea esencial para la causa penal e investigaciones, nosotros debemos privilegiar, por principios legales, la integridad emocional de la víctima, y podría no ser partícipe de la diligencia. En caso de que pase la evaluación, la entrevista en sí mismo se hace en absoluto resguardo, y en la cual el profesional está preparado para ir manejando hasta dónde llega, hasta dónde pregunta o qué tanta información le pedirá a una persona conforme a su estado. Puede pasar que haya partido la entrevista en muy buenas condiciones, pero al abordar la temática del delito que es complejo para las víctimas, surge la necesidad de suspender, paralizar la entrevista o derechamente terminarla. Nos ha pasado y la ley lo contempla, que en juicio, que sería la segunda instancia por ley que le corresponde a la víctima relatar el hecho vivido, cumpliéndose todos los estándares legales, que se le acredite al Tribunal que en esa fecha la estabilidad psíquica de la víctima no permite o hace no aconsejable su intervención, su declaración puede ser suplida por la grabación.
Yo tenía recelo de que las personas no quieran declarar al verse grabadas, al contrario de lo que pensaba, ha sido una experiencia bastante positiva. Si uno les explica y muestra las salas, controles y resguardos que hay, al igual que decir qué vamos a hacer como institución con esa grabación y cuál es la finalidad de esta medida, pasa que agradecen enormemente el contacto, presencial cercano, entre el entrevistador y la persona entrevistada. Antiguamente eso no era factible, porque mientras estabas hablando con la persona había que estar digitando la respuesta, precisamente para reducir al máximo los tiempos en que una persona está interviniendo. Lo digo con propiedad, a mí me tocó entrevistar en ese contexto”.
– ¿Qué otros trabajos han hecho en relación al sistema y respetar los principios de resguardo psíquico y emocional de las víctimas?
“Como Fiscalía hemos trabajo muy potentemente en extrapolar las obligaciones legales que hoy día la tienen Carabineros, la PDI y Tribunales, pero también se puede extender a organizaciones que tienen contacto con los niños. Por ejemplo, hemos hecho muchas charlas con los sistemas educacionales porque no sacamos con tener un entorno penal una vez hecha la denuncia muy resguardada, si en los colegios existe la posibilidad de que pregunten una, dos, tres o cuatro veces, que el profesor, el inspector, la profesional psicosocial y repetirlo ante la directora, y después de eso decidir denunciar, y ahí entrando al sistema. Hemos tenido muy buena experiencia de los colegios públicos, particulares, semi fiscales, en orden a acoplarse a estos principios porque se entiende que son en beneficio de los niños”.
– ¿Cuál debería ser el protocolo al momento en que un profesional de la educación sepa o sospeche que un alumno es víctima de un delito grave?
“Creo que esto no solamente se aplica a los colegios, también a los padres.
Primero ante la duda, observar a los niños, los cambios conductuales, de comportamiento, si encuentran que hay una situación que no es acorde, los niños suelen pedir ayuda. Si tiene dudas, hablar con los colegios, los profesores y ver si también han encontrado cambios conductuales.
Si lo niños ya han develado la situación, la primera recomendación es no tocar el tema, pero tampoco pasar de no hablar a preguntarles qué pasó, qué fue, qué contexto, lo cual es lo que uno trata de hacer por cuidar. Lo que hay que hacer es transmitir mucha calma, no sorprenderse, no cuestionar, escuchar lo que los niños tengan que decir autónomamente y explicarles que pedirán ayuda para ver cómo aclarar la situación. Es importante decirles que han sido valientes al contar la situación, y que uno no está para profundizar en el tema, sino más bien para escucharlo, pero que se pedirá ayuda.
Es importante acoger, escuchar, contener a los niños, que sientan cercanía, que efectivamente van a recibir una respuesta y que habrá ayuda. El recriminar al otro padre, a los hermanos, angustiarse o que los niños vean qué pasan cosas terribles en la casa, que la mamá ha llorado toda la noche, que se digan a si mismo ¿qué hice de malo?, puede percibir todo ello como un castigo, en vez de una situación de ayuda.
Entonces eso, autocontrol como adulto, pedir ayuda a las instituciones, las Fiscalía tiene canales online 24/7 de pedir información, audiencia, concurrir o ir derecha a nuestra unidad para que podamos orientarlos.
Hemos hechos varias charlas en los colegios, le hemos explicado qué hacer en el paso a paso, no nos podemos meter en los protocolos, pero sí cuando han tenido casos, nos han llamado y hemos ido aclarando en conjunto el mejor camino a seguir”.
– Cuando hay un juicio se hace la lectura de la acusación o en otro tipo de audiencia se conocen los hechos en términos generales, llegándose a saber algunos detalles, entonces uno como medio de comunicación ¿cómo podría evitar incurrir en la revictimización?
“Nosotros hablamos de iniciales al momento de hablar de niños, pero eso no es un resguardo absoluto en el sentido en que no garantiza que no se sabrá de quién hablamos. Entonces, el llamado a los medios de comunicación es a preocuparse del entorno de la información que indican. Si voy a sacar una foto del domicilio o el lugar general de dónde fue el hecho, es complicado, porque ya se están dando datos de la víctima y el vecino de la comunidad podría saber de quién estamos hablando. Si voy a hablar de una niña de tal colegio, donde se vivió una situación, también la voy a revictimizar porque va a ser fácil identificarla. Puede ser que den datos específicos de un imputado por el rol que tiene, por ejemplo, que sea un personaje público y que fue acusado de violar a su hija. Yo acá estoy exponiendo a la hija porque va a ser fácil saber qué es ella porque el imputado no tiene más hijos. Entonces en eso hay que tener una mirada, en donde sabemos que es importante dar la nota, la información, es un sistema público, un sistema penal abierto a la comunidad, pero al informar tener una visión de conjunto donde toda aquella que me pueda fácilmente hacer llegar a la víctima, no debe salir en los medios”.