A
principios de este año se conoció el caso de una mujer criada en
Argentina, la cual estaba buscando a su familia biológica en Punta
Arenas, ya que según sabía había sido adoptada, pero el año pasado la
madre le confesó que en realidad su padre la sustrajo de una vivienda.
Esta fue la razón que la motivó a encontrar la verdad.
Su
nombre es Margarita López Ojeda, según consta su certificado de
nacimiento, aparece inscrita en Puerto Montt, lo cual está en duda
porque existe la posibilidad de haya nacido en la capital regional de
Magallanes entre 1974 y 1976.
La
mujer ha realizado varias acciones, tales como tomar contacto con la
Agrupación Hijos y Madres del Silencio, donde pudo tomarse una prueba de
ADN, vinculándola con un abogado y destacado escritor nacido en la
Región de La Araucanía, quien se encuentra radicado en Europa, Sergio
Macías Brevis. Asegura que no es su padre, pero podría ser primo hermano
de segunda generación de sus padres y abuelos. Margarita tuvo contacto
con esta persona y le confirmó que tiene familiares en Punta Arenas, con
quienes no mantiene relación.
Pese
a los esfuerzos no hubo mayores resultados, sin embargo, a través del
abogado Juan José Srdanovic Arcos, presentó una querella por sustracción
de menores en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Se sospecha que
podría ser un caso de una red de médicos que se dedicaban a
comercializar niños en Magallanes.
Ha
pasado el tiempo y el caso tuvo un vuelco según dijo el abogado,
primeramente se esclarece que el padre adoptivo no sustrajo a la bebé de
una vivienda, más bien, efectivamente fue adoptada pero de forma
ilegal, siendo retirada directamente del Hospital Regional “Lautaro
Navarro”. En la nueva información recopilada, la madre biológica asegura
esto, vinculándose directamente con otro caso, donde la víctima dice
haberse entrevistado con el jefe de maternidad de la época, el cual ante
la consulta de que por qué no figuraba el nombre de la madre biológica
en el certificado de nacimiento, este le responde que “madre es la que
cría y no la que engendra necesariamente”.
Según dice el abogado, la víctima de este
caso paralelo, sigue indagando y en algún punto se le señala que “lo
que habría ocurrido en el caso de ella, es que el padre biológico habría
tenido una relación con una persona, fuera de matrimonio, y cuando la
mujer da a luz, se gestiona a través del hospital que se haga un
certificado falso de parto, dándose en este caso como progenitora a la
‘madre adoptiva’. Esto finalmente es anulado en la investigación con las
pruebas de ADN, descartándose que tanto en este caso como en el de
Margarita López, las mujeres que figuraban como madres biológicas, sean
en realidad las progenitoras”.
“Hay
una especie de modus operandi similar a una causa que lleva el ministro
Balmaceda en Santiago, donde también las personas que declaran, señalan
que estas adopciones ilegales que se hacían en Punta Arenas, eran a
través de certificados falsos emitidos por el Hospital Regional. En este
caso existe un elemento adicional, donde una de las víctimas,
manifiesta haberse entrevistado con el jefe de maternidad porque en el
certificado de nacimiento estaba en blanco el nombre de la madre, dando
el médico una explicación poco lógica a por qué está el nombre en blanco
de la madre, respecto a una persona que ha nacido. La explicación deja
entrever una situación bastante decidora respecto al curso de estos
procesos de adopción, es clara la línea investigativa que se tiene que
seguir a cómo era que salían estos certificados de partos falsos desde
el Hospital Regional y cómo tenemos tres casos distintos, y ahora
ingresará un cuarto, personas que tienen una madre que figura como
biológica, pero no lo es, además tienen como elemento común situaciones
anómalas en el Hospital Regional. Obviamente son procesos que se están
investigando, pero claramente en el caso de Margarita López, nos sugiere
que hay un cambio en la dirección y que además un cambio que es
coincidente con los otros procesos, donde se estaba investigando, eran
estas situaciones al interior del Hospital Regional, hace bastantes
años, pero que por ser cometidas por funcionarios públicos y por ser el
delito de sustracción de personas, quedan amparados en esta figura de
ser ilícitos contra los Derechos Humanos, lesa humanidad, y que por ende
son imprescriptibles y que por ende, hoy día están siendo investigadas
en distintas sedes jurisdiccionales”, concluyó el abogado Juan José
Srdanovic Arcos.