Fuertes críticas
se han escuchado desde las bases del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) en la
Región de Magallanes.
Y es que en el
marco de la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la
gestión pública, el organismo asociativo reclama a grandes rasgos los escasos
niveles de consideración que se tiene en torno a las decisiones obtenidas desde
la entidad, específicamente por parte del Estado, que a través de esta práctica
no estaría dando cumplimiento efectivo a la normativa publicada oficialmente
durante el mes de junio del 2011.
Es así como
argumentando que, al menos en teoría, el Gobierno debiese resguardar y promover
los derechos establecidos para la sociedad civil según el mandato legislativo,
la prácticamente nula participación real del organismo estaría viendo mermadas
sus capacidades y decisiones, las que por lo demás sólo cuentan con un carácter
consultivo, impidiendo aun más su injerencia en el diseño de políticas públicas
que afecten de manera directa el devenir socio político de la comunidad.
“En el fondo, el
consejo civil existe para recoger las inquietudes de las personas y
transmitírselas a la clase política para se generen a partir de entonces, los
cambios en las políticas públicas”, explicó en primera instancia Víctor
Aguilar, consejero nacional de la Sociedad Civil correspondiente a las
Subsecretarías de Prevención del Delito, quien reconoció que tras ser electo
democráticamente a nivel nacional por las diversas organizaciones ciudadanas
participantes, nunca más tuvo noticia alguna sobre el rol que debería jugar
dentro de la consejería.
“En la
actualidad, la relación que tenemos como consejeros nacionales de la sociedad
civil con el Estado, define muy bien lo que significamos para las autoridades”,
agregó Aguilar, esgrimiendo como motivo central del Gobierno la normalización
del trato habitual y por lo demás, generalizada a la gran mayoría de las bases
sociales componentes de la estructura nacional, realidad ejemplificada por
medio de la polémica prohibición de realizar bingos solidarios, normativa
recientemente desestimada.
“Aquí los interés están puestos en otras
cosas, por ejemplo, la repartición del poder, una cosa que se maneja dentro de
los partidos políticos. Para ellos, encausar nuestras demandas les significa
apoyar algún liderazgo que de cierta manera les puede hacer sombra”.