El 23 de mayo pasado, la contralora regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Verónica Orrego, emitió un documento a la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) en el que se señala que la información solicitada debe ser remitida al mismo organismo en un plazo de cinco días hábiles. La fecha coincide con el planteamiento de crear un Comité de Crisis al interior del organismo municipal. Desde esos días, las cosas no han sido fáciles para esta entidad, la empresa más grande de la Región de Magallanes, y que en los últimos cinco años ha aumentado considerablemente su nivel de deudas.
El documento enviado a la Cormupa, con la firma de Orrego, establece que en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley Nº 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la institución, y con objeto de dar cumplimiento a su plan Anual de Fiscalización solicita la información que se detalla a continuación:
1. Nómina de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo que han prestado servicio de Asistencia Técnica y Educativa (ATE) al Menor, en su calidad de sostenedor de establecimientos educacionales, en los años 20112, 2013 y 2014.
2. El detalle de los pagos realizados por la Corporación Municipal de Punta Arenas a las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo, singularizadas en el punto 1 en los años 2012, 2013 y 2014.
Además, se señala que la información requerida deberá ser remitida en formato de papel o electrónico, a la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Magallanes. Es decir, la documentación exigida ya salió de vuelta desde las oficinas de la Cormupa, ubicadas en Jorge Montt Nº 890, en Punta Arenas al moderno edificio de Piloto Pardo Nº 507.
Fuentes al interior del municipio, señalan que la iniciativa de crear el Comité de Crisis impulsada por algunos concejales, entre ellos Mario Pascual (PS), Andro Mimica (PPD) y José Aguilante (DC), fue de Pumarino, quien incluso se reunió en un céntrico café de un hotel para pedirles que lo apoyaran en esta iniciativa, dado que los tres antes nombrados habían manifestado públicamente un distanciamiento con la máxima autoridad comunal.