Apenas un día después de que el Consejo Regional (CORE) de Magallanes aprobara proyectos de inversión por $ 320 millones con dineros correspondientes al Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) para Punta Arenas, el municipio respondió a Contraloría por una investigación especial que el ente fiscalizador realizaba de los gastos de esos mismos fondos.
En el CORE, las voces criticaban la falta de políticas a largo plazo para lidiar con el desempleo estacionario, lo que obliga, año a año, a invertir en proyectos tales como mejoramiento de plazas públicas o juntas de vecinos, para dar trabajo a personas cesantes.
La investigación de Contraloría, no obstante, tenía un cariz distinto: tras una denuncia anónima, la entidad solicitó datos, informes, documentos y antecedentes para determinar si existía discriminación en la selección de personas para realizar los trabajos financiados con FRIL. Además, tomó declaraciones a funcionarios municipales.
Las conclusiones de la investigación fueron lapidarias. De acuerdo con el informe publicado por Contraloría el 17 de noviembre pasado, la Municipalidad de Punta Arenas “no está dando cumplimiento a su manual de procedimientos para la ejecución de programas por administración directa del municipio, condicionando la selección de las personas al hecho de que pertenezcan a sindicatos”.
En efecto, la entidad de control determinó que el municipio contrató sólo a personas pertenecientes al sindicato de cesantes o bien a personas relacionadas con plantas pesqueras; es decir, ya no existe una selección vinculada a la vulnerabilidad social de los postulantes.
La indagatoria también determinó que, en el período analizado, 71 personas fueron contratadas para cuatro proyectos distintos y otros 208 para tres. El informe consigna que cuatro familiares cercanos a la dirigencia del sindicato de cesantes trabajaron en la ejecución de cuatro programas diferentes.
“Lo expuesto revela que la entidad edilicia estaría contratando para proyectos FRIL a grupos determinados de particulares cesantes, lo cual contraviene el principio de imparcialidad y la igualdad de los beneficiarios”, sostiene el dictamen del órgano fiscalizador.
Contraloría hizo presente el principio de la asistencia social de la municipalidad, que sostiene que la administración comunal debe “procurar los medios indispensables que permitan paliar las dificultades de las personas que se encuentren en una situación de indigencia o necesidad manifiesta”.
El órgano fiscalizador ordenó a la municipalidad “ejecutar las medidas que permitan garantizar que en futuros proyectos puedan participar todas las personas inscritas en los registros que cumplan con los requisitos” y agregó que “esta Contraloría Regional iniciará un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos observados”.