El
abogado y exmiembro del Consejo de Defensa del Estado y especialista en
temas públicos, Dagoberto Reinuava, se refirió ayer al caso de la
Fundación Procultura, que ha recibido importantes fondos regionales y
que sin embargo, ha sido cuestionada por su domicilio legal.
“Desde
el punto de vista legal, el consejero Riquelme tiene un punto en cuanto
que hay una diferencia entre domicilio legal y domicilio tributario.
Hay una razón de ley que permite asegurar que el domicilio legal tiene
que ser acá y si alguien no revisó de manera exhaustiva ese detalle del
domicilio, entonces sí hay un problema a lo menos en el orden
procedimental o de requisitos para la contratación”.
-La fundación dice que su domicilio tributario está en Porvenir.
“El
domicilio tributario sólo tiene fines tributarios, pero no es el
domicilio legal. El Código Civil en su artículo 59 define el domicilio, y
lo hace consistir con aquel lugar donde la persona natural o jurídica
tiene su residencia, acompañada real o presuntivamente del ánimo de
permanecer en ella, ése es el domicilio, tiene que haber un ánimo de
permanecer en ella y eso se evidencia en los estatutos, en donde
funciona su directorio, donde se emplaza la dirección superior de la
entidad o gerencia, dónde lleva su contabilidad, la ciudad en que tiene
sus cuentas corrientes, etcétera”.
-Procultura dice que su labor en Tierra del Fuego da cuenta de ello, que están donde no está ninguna otra fundación…
“Ahí, tenemos que irnos con cuidado, porque por permanecer en un lugar mientras
se hace el trabajo no significa domicilio. No es domicilio legal, pues
conforme a la norma, el establecer una sede o sucursal en el lugar dónde
se va ejecutar el proyecto, mientras dure el proyecto, no cumple con el
ánimo de permanencia que define el domicilio. La idea de permanencia es
que “aquí me voy a quedar, pese a las circunstancias”. Si ellos vienen a
hacer un trabajo y mientras hacen aquello arriendan una casa, eso no es
un domicilio. El domicilio es dónde yo tengo mi sede, como dije antes,
donde tengo la gerencia o la presidencia y dónde funciona el consejo de
la fundación, no la sucursal que abrí para cumplir tal o cual contrato,
una buena pregunta a hacerse es ¿dónde trabaja la gente que dirige la
fundación?, no sólo la que está encargada del proyecto.
Fundaciones
En
términos globales, Reinuava valora la colaboración público – privada y
el aporte que han hecho las fundaciones en el país y, sobre todo en la
región.
En
este sentido, luego de que la Contraloría determinara detener todos los
procesos de toma de razón de nuevos contratos con fundaciones,
estimando que esa determinación es correcta, Reinuava lamentó que lo
ocurrido con Democracia Viva en Antofagasta pudiera afectar a
instituciones que sí han realizado un trabajo de alto impacto social en
Magallanes.
“Todos
los magallánicos sabemos que una obra como la fundación que da vida al
Centro de Rehabilitación Cruz del Sur es una obra que tiene tradición,
patrimonio, es real, ha trabajado siempre en participación público –
privada, su obra es visible, uno va y sabe que hay un centro de
rehabilitación, tú tienes parientes que se atienden ahí, amigos, es una
tremenda organización y que el Gobierno Regional confía en ella, porque
también es de confianza de los magallánicos. Es triste que este tipo de
instituciones consolidadas, paguen “el pato de la boda” por este tipo de
inventos”, declaró en alusión al caso Democracia Viva.
“Todo
indica que Democracia Viva no tenía nada que hacer en los contratos
asignados y, por lo que aparece ahora, más que un conflicto de interés,
pues hay que probar ciertos requisitos legales para configurarlo, lo que
yo veo es un fraude al fisco”.
-¿Y por qué?
“El
fraude al Fisco es una forma de perjudicar el patrimonio fiscal, a
través de una eventual maquinación, una suerte de mecanismo diseñado
para mostrar una realidad aparente, que encubre una realidad delictual.
La realidad aparente es que esto es para la gente pobre de los
campamentos, pero en el fondo, lo que estoy haciendo, con la exageración
de precios -por ejemplo, una manguera que podría comprar en Home Center
por 10 mil pesos, pero se la compro a un proveedor que me hace una
boleta falsa por 100 mil pesos… y ahí existe una diferencia de valor
que perjudica al Estado y que va
a parar al patrimonio de un privado. En este caso, se dijo que se
estaba construyendo infraestructura para los campamentos por más de 400
millones de pesos, que – si mal no recuerdo- había un 30% de avance y
uno sabe que por 130 millones de pesos, puedes hacer una tremenda casa
con una empresa contratista, pero en el caso Democracia Viva no parece
que hayan obras de esa magnitud, sino unos depósitos plásticos de agua,
una red húmeda que de acuerdo con un reportaje de la TV no fue
terminada, tambores con arena y dos a cuatro carteles de emergencia”. A
su juicio, eso no parece una inversión de $130 millones.
Donde
Reinuava ve un delito menos claro es en lo referente a la supuesta
negociación incompatible, por el hecho que el vínculo de amistad que
unía a los intervinientes, no basta para tipificar ese delito, entre
otros aspectos.