La
semana pasada el nuevo Gobierno dio a conocer una de las primeras
medidas de su mandato: el retiro inmediato de 139 querellas por Ley de
Seguridad del Estado que afectan a presos del estallido social.
La
decisión de retirar estas querellas corresponde al cumplimiento de una
promesa plasmada en el programa de gobierno de Gabriel Boric, la que
busca que la Ley de Seguridad del Estado “no sea utilizada para la
persecución injusta y desproporcionada”, de acuerdo al comunicado del Ejecutivo.
Ante esta decisión, diversas han sido las críticas que ha recibido el Gobierno.
El
abogado Claudio Morán manifestó que no se sorprende y agregó que “es
solo un primer paso y tiene mucha lógica, si esos hechos de las
querellas fueron los que permitieron a los que hoy son gobierno llegar a
esa meta. Todo es parte de un plan y solo se está cumpliendo con los
soldados de la revolución que se apodera de Chile”.
Por
su parte, el abogado Marcelo Torche dijo que “me parece una pésima
señal, ya que las personas bajo investigación o sentenciados por actos
dañosos no fue por protestar, no fue por manifestarse en forma legítima,
sino por recurrir a la violencia como método de acción y presión, a la
vez que a quien corresponde la investigación correspondiente es al
Ministerio Público y la decisión a los Tribunales de Justicia, de modo
que proceder al retiro de las querellas por ley constituye un
intervencionismo en otro poder del Estado. Se debe dejar que las
instituciones funcionen y si el Ministerio Público decide acusar y
encausar por los hechos a determinados individuos por un actuar
delictivo y los Tribunales resuelven condenar conforme a sus facultades,
ello debe ser acatado por todos y eso incluye al gobierno que se
encuentre de turno; claramente una cosa es el derecho a reunión y
expresión pacíficamente y otra es el actuar delictual y dañoso en contra
de terceros. Una muy mala señal del Gobierno que se le puede
transformar en un bumerán”.
Por
su parte, la dirigenta vecinal Cecilia Cárdenas señaló que “como
ciudadana y como dirigenta que uno recorre el territorio, queda una
sensación de inseguridad tremenda, ya que con esto se estaría avalando
de uno u otro modo de que los vecinos se tienen que ir acostumbrando
que cuando existan manifestaciones todo puede ocurrir, y esto va a ser
avalado por el Estado porque estamos en una democracia media extraña que
hoy manifestarse
no es lo mismo que antes. Por otro lado, lo que a mí más me asombra es
que se esté pensando en dar un beneficio económico para indemnizar a
aquellas personas que estaban siendo procesados, y eso genera un clima
de mucha inseguridad y temor y por lo tanto los vecinos no saben qué va a
ocurrir ahora con las manifestaciones”.
¿Qué implica la invocación de la Ley de Seguridad del Estado?
La
Ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado sostiene, en su artículo 3,
letra C, que serán sometidos a dicha normativa “los que inciten a
destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan,
inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas
de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras
semejantes; y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con
el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de
cualquier servicio público o de utilidad pública”.
Respecto
de las penas, el texto legal expresa que “serán castigados con
presidio, relegación o extrañamiento menores en sus grados mínimo a
medio, sin perjuicio de las penas accesorias que correspondan según las
reglas generales del Código Penal”.
En términos simples, las condenas por esta ley van desde los 61 días a los tres años de reclusión.