Poco
antes de las 16.00 horas de ayer, el Presidente Sebastián Piñera
promulgó la ley que aumenta las penas para quienes incumplan las medidas
sanitarias durante la pandemia del coronavirus, la cual había sido
despachada el miércoles en el Congreso.
Esta
nueva normativa aumenta hasta a 5 años de prisión a quienes incumplan
la cuarentena o el toque de queda, elevando las multas a un máximo de 12
millones de pesos, además de establecer que quienes obliguen a una
persona a trabajar no respetando estas normas sanitarias arriesgan
también penas de cárcel.
Al
respecto, en el plano local, el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando
Dobson, estimó que esta legislación implicaría un “desgaste” mayor en
los debates judiciales considerando que en la actualidad las defensas
han sido férreas al momento en que se realizan las audiencias de primera
instancia, existiendo cierta complejidad para poder acreditar este tipo
de delitos.
“Vemos
cómo diariamente existe un debate no menor a nivel jurídico respecto de
si estas situaciones de infracción de cuarentena o toque de queda
resultan ser constitutivas de delito o no. Nosotros instamos a que se
castigue estas acciones, pero por otra parte hemos visto que algunas
defensas también han insistido y han cuestionado la configuración de
estos ilícitos, entonces si ya está costando posicionar estas conductas
para que se castiguen como delitos, considero que la dificultad a
arriesgarse a mayores penas también implicará un desgaste evidente en
tribunales para poder acreditar estas circunstancias ante las sanciones
más severas”, explicó.
A
la vez, aseguró que también se han registrado situaciones de
infractores que son reiterativos y en ese sentido, cuestiona que el
endurecimiento de las penas vaya a ser una medida disuasiva o que
prevenga la comisión de estas conductas.
“Por
un lado, el gobierno da a conocer a la opinión pública que la mera
contravención al toque de queda o a las cuarentenas son constitutivas de
delitos, pero en la realidad cuando nosotros debatimos con la
Defensoría Penal Pública, hay una opinión contraria y eso es algo que se
ve diariamente en el tribunal o en la Corte de Apelaciones a través de
recursos de amparo. Endurecer las penas yo creo que va a acentuar más
los debates en las formalizaciones”, acotó.
En
el mismo contexto se refirió la defensora regional Gustava Aguilar,
quien argumentó que pese al endurecimiento de las penas asociadas a la
infracción del artículo 318 del Código Penal, las conductas de quienes
infringen la normativa vigente no tienden a cambiar “de un día para otro”.
“Siempre
estimamos que el solo hecho de aumentar las penas, no significa que
vaya a cambiar las conductas de las personas de manera automática. Uno
ve que las penas incluso en delitos como manejo en estado de ebriedad
han aumentado y eso no ha sido suficiente para disuadir a las personas
de dar cumplimiento a ciertas obligaciones como por ejemplo no conducir
cuando se ha bebido”.
“En mi opinión personal, creo que la cosa no funciona
automáticamente. No porque exista una norma que diga que se va a
sancionar con ‘x’ pena, y se aumenta la sanción que estaba concebida
inicialmente, va a cambiar la conducta de todas las personas de un día
para otro”, puntualizó.