Más de cien han sido los detenidos en Punta Arenas durante las manifestaciones que ya cumplieron más de una semana, de los cuales muchos han pasado por los tribunales y donde han sido representados por la Defensoría Polular.
No es muy conocida en Magallanes, pero el abogado Paulo González explicó que “la Defensoría Popular es una ONG que tiene su centro operativo en Santiago, y con ellos nos contactamos y a través de ellos tomamos causas que se están dando con las manifestaciones sociales. En ese sentido, estoy tomando las causas como defensor popular”.
El abogado señaló que las personas que se han visto envueltas en detenciones que pueden ser ilegales o sin fundamentos les ha entregado el apoyo legal “a las personas, las he visitado en las comisarías, y de ahí voy tomando las defensas, tomando contacto con las familias que están fuera de las audiencias”.
González indicó que la ONG actúa como abogados particulares, pero gratuita. “Como se dice nosotros tomamos la causa por amor al arte, porque es gratuita, diferente a la Defensoría Penal Pública que la toma la causa como organismo público, y yo estoy en apoyo a esta defensa”.
El defensor entregó sus datos para ser contactado. “Mi teléfono es el 95811155, y también me pueden contactar a través de las redes sociales como Paulo González Sánchez, y no tengo inconvenientes en tomar este tipo de causas, que solo tiene que ver con las manifestaciones sociales. La dedicación exclusiva es a materias que tienen que ver las revueltas sociales por estos días. En otras regiones se atienden conflictos mapuches, pero no se toman otras causas”.
La Defensoría Popular, la creó un grupo de abogados ligados a la defensa de los derechos humanos. Desde 2005 la ONG se organizó como un colectivo con el objeto de prestar asistencia jurídica para hacer efectivo el derecho de defensa de personas, principalmente jóvenes y trabajadores, que eran perseguidos judicialmente por participar en actos de protesta social, siendo el inicio de las defensas en procesos penales de estudiantes en el marco de las movilizaciones de secundarios en 2006, que eran perseguidos o se les criminalizaba por tomas de colegios o por participar en manifestaciones.