El Tribunal de Contratación Pública (TCP), que en noviembre de 2011 declaró ilegal y arbitraria la licitación del servicio de recolección de basura de la comuna de Punta Arenas -adjudicada en 2010 a la empresa Servitrans S.A- y obligó a retrotraerla, solicitó al municipio informar sobre las acciones del alcalde Emilio Boccazzi, quien informó al Concejo Municipal que el fallo habría sido cumplido pero que, tras un reclamo por parte de la empresa, el servicio se seguiría prestando hasta el final del contrato.
Con ello, la parte demandante en el caso que tramitó el TCP -la empresa Román Haro S.A., que también participó en el proceso licitatorio- solicitó a la Corte exigir a la administración de la comuna que se informe sobre el avance en el acato del fallo; para ello, se le otorgó al municipio un plazo de cinco días hábiles que culminaría dentro de la próxima semana.
No obstante, desde la defensa de la empresa demandante, argumentan que los actos administrativos expuestos por Boccazzi ante el Concejo Municipal sólo involucran al municipio y a Servitrans y son ajenos tanto para la compañía que llevó el caso a la justicia como para el TCP.
Por ello, insisiteron en que solicitarán a la Corte aplicar los apremios correspondientes al incumplimiento del fallo, que consideran una multa de 1 UTM (un castigo que ya fue aplicado al municipio durante el primer semestre de este año) hasta el arresto del alcalde Boccazzi por desacato.
De todas maneras, en la defensa de Román Haro S.A. insistieron en que, de no cumplirse a cabalidad el fallo del TCP y llamarse a una nueva licitación, presentarán acciones penales en contra de la Municipalidad de Punta Arenas.
En tanto, una vez que el municipio haga llegar los antecedentes solicitados a la Corte, esta tendrá que resolver si aplica los apremios correspondientes o considera que su resolución ha sido acatada.