Ya
van 12 años desde que el Servicio de Salud Magallanes dejó el ex
Hospital Regional de Punta Arenas, ubicado en el corazón del barrio
Prat, para trasladarse hasta al actual Hospital Clínico, pero el antiguo
recinto hospitalario se ha transformado en un viejo edificio que
alberga a la delincuencia, el consumo de drogas y alcohol.
Sólo
durante el año 2022, Bomberos, recibió más de 10 llamados de emergencia
generados en el excentro asistencial y si bien, primero el gobernador
anunció al Consejo Regional (CORE) la venta del edificio a “Desarrollo
País”, tiempo después en un “acto demagógico”, a juicio del diputado
Christian Matheson, se anunció la construcción de un edifico
consistorial, que hasta ahora no se ha concretado.
Al
respecto, y tras un nuevo incendio, el diputado Christian Matheson
señaló que “ya es hora que el gobernador (Jorge Flies) determine qué
hacer con el antiguo hospital, que se ha transformado en un foco para la
delincuencia, que tiene atemorizados a los vecinos del sector. Éstos no
pueden seguir esperando se requiere un trabajo serio y coordinado con
los dirigentes que vienen denunciando este espacio como un foco de
inseguridad”.
Matheson
además agregó que “en el peor momento de inseguridad que vive Chile y
nuestra región, le estamos regalando un espacio a los delincuentes, esto
no puede seguir pasando y es importante que las autoridades
correspondientes se tomen con responsabilidad sus obligaciones”.
Para
el parlamentario magallánico se debe buscar una solución a la brevedad
manifestando que “no puede ser que el tiempo transcurra sin respuestas
para un amplio sector de nuestra ciudad, que se ve afectada con el
abandono de esta construcción y por otra parte, no podemos dejar que
siga deteriorándose una infraestructura que puede prestar servicio a un
sector de la población carente de espacios para desarrollar sus
actividades en forma segura y que en algunos casos ni siquiera tiene un
lugar donde vivir en forma digna”.
Desde
la Gobernación Regional indicaron que actualmente se encuentran a la
espera de que se licite el cierre perimetral del lugar, para de esa
forma evitar que se siga vandalizando el lugar. Dicha licitación tendría
un costo de más de 286 millones de pesos, los cuales serían financiados
con los fondos regionales.