“El último episodio que tuve fue cuando yo estaba durmiendo, de noche. Él me sacó de la cama”.
Era
19 de diciembre de 2022 y Felipe (casi 22 años, autista severo, 100%
dependiente) atacó con tal violencia a Nancy Contreras, su mamá, que
llamó a Carabineros y al Servicio de Atención Médica de Urgencias
(SAMU). La policía uniformada le sugirió denunciarlo por violencia
intrafamiliar.
En
los últimos días escribió y compartió parte de lo que vivió en redes
sociales: “Lo hice pensando que sería lo mejor para ambos”.
Felipe fue internado en urgencia, “esposado en la cama, sin entender nada”, decía el texto.
Luego,
el juez decretó internarlo en un establecimiento psiquiátrico por 540
días, “un lugar que en la región no existe. Por lo tanto, quedó en la
Unidad de Corta Estadía del Hospital Clínico de Magallanes”.
El
lunes se cumplen esos 500 y tantos días. Ese temor hizo que Nancy
escribiera lo que pasó y que luego se viralizó entre los magallánicos:
que el tratamiento farmacológico y las terapias diferentes (la
electroconvulsiva incluso) han sido infructuosas; esa última no fue la
única vez que pasó por el recinto hospitalario; que su condición es
severa, “sin posibilidad de mejorar”, “no puede valerse por sí mismo”,
“reacciona de forma impredecible”.
Su
voz sonaba al teléfono: “Buscamos residencias de larga estadía, porque
yo no puedo estar con él en la casa: se descompensa y no puedo
contenerlo. Es peligroso, para mí y para él”.
En
esa sensación de un sin salida, buscó ayuda en la Consejo Nacional de
Discapacidad (Conadis). La directora subrogante del Consejo en
Magallanes, Soledad Cárdenas, contó que conoció a la familia antes de la
judicialización, y que en eso de buscar un lugar dónde poder atenderlo,
se determinó que Felipe “no cumple con el perfil de la residencia San
Juan Diego, la más austral del país”, en Puerto Natales. Éste es para
personas con una discapacidad débil y moderada, de baja complejidad, con
10 cupos, todos usados. Además, tienen un componente residencial y el
tránsito correspondiente a la vida independiente y la autonomía”.
“(Felipe)
va más allá del trastorno del espectro autista, tiene otras patologías
que hacen que su caso sea de complejo manejo. Eso hace definir que, a
través de un perfil de residencia que Senadis ha estado trabajando,
Felipe no sería eventualmente un perfil para residencia”, resumió. Antes
de la judicialización, trabajaron en el Tránsito a Vida Independiente
(TVI), un programa del Consejo que supervisa y prepara a personas con
discapacidad para cumplir con eso que promete. Pero se interrumpió por
la misma judicialización. Y antes, mucho antes, en septiembre de 2023 y
julio de 2022, se intentó que ingresara a las residencias, pero las
evaluaciones llegaron a la misma conclusión.
¿Solución?
¿La
solución para Nancy? El Hospital Psiquiátrico El Peral, en Puente Alto,
Región Metropolitana. Escribió la madre: “Esto significa no ver más a
mi hijo, soy su única red familiar, mis padres son adultos mayores y el
padre de Felipe nunca ha estado presente. Soy emprendedora, por la misma
situación de Felipe no puedo tener un trabajo estable”.
Otra
alternativa fue la que le ofrecieron en enero: un programa de Modelos
Residenciales para adultos con discapacidad, pero “no se ajusta a las
necesidades ni requerimientos de mi hijo en considerar al perfil de la
población objetivo”, testimoneó.
A
renglón seguido, escribió: “Tenemos una Ley TEA, el Gobierno y los
ministerios hacen énfasis en los cuidadores de personas con
discapacidad, pero en la práctica es nada, letra muerta”.
En
el hospital conoció a otra madre con características similares, madres
que no pueden dejar atrás sus hogares, vidas y trabajos para ir a otra
región e, incluso, personal hospitalario se lo mencionó, en esa búsqueda
de un consuelo.
La
directora Cárdenas tomó contacto con Nancy nuevamente. Dijo que
“atendiendo a los requerimientos de la familia, empezamos a trabajar de
nuevo”.
Ese
trabajo mancomunado implica que la madre haga llegar la documentación
básica que pueda habilitarlo. De ello derivará “el traspaso de dinero
para la contratación de un asistente personal que va a acompañar, al
menos ocho o 10 meses, en primera instancia, que puede ser perfectamente
renovable si se requiriese; eso la va a acompañar en el trabajo con
Felipe, tanto en habilidades para la vida diaria, habilidades
instrumentales, su inclusión social. Esperamos que eso nos permita
mitigar en alguna medida el tema de su salida de este cumplimiento de
orden judicial. Eso por una parte, que es el tránsito a la vida
independiente”, detalló la directora.
A
ello se sumó también una activación de la Seremi de Desarrollo Social y
Familia, que “está convocando al intersector para poder conseguir una
medida que sea más a largo plazo”.
¿Se
puede definir un lineamiento exclusivo para estos varios casos en la
región? Según Cárdenas, sería “equívoco porque esto es un espectro”.
Tampoco hay un número de familias, porque “la discapacidad es dinámica,
del día a día”.
Para
Nancy, lo del cuidador es “del corto plazo”. Allí aparece de nuevo la
noche en que comenzó esto. “Voy a seguir para que Punta Arenas pueda
tener un lugar para personas con la severidad que tiene mi hijo”, cerró.