“Ser
juzgado en un plazo razonable”. Ese es el debate que ha ocasionado en
las últimas semanas agitadas reacciones en los diversos actores del
sistema judicial penal, luego que en Magallanes, el Tribunal Oral en lo
Penal de Punta Arenas resolviera hace algunos días reagendar la mayoría
de los juicios para septiembre, debido a la prórroga de otros 90 días
del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, repitiéndose lo
ocurrido en marzo.
En
torno a ello, el jefe nacional de la Defensoría Penal Pública, Andrés
Mahnke Malschafsky, apeló a que por sobre cualquier opinión que se
emita, debe primar únicamente la voluntad del imputado en resguardo del
debido proceso y de los principios de legalidad, puesto que el juicio
oral es una garantía exclusiva que tiene la persona que está privada de
libertad.
En
entrevista con Pingüino Multimedia, el defensor además reveló que la
acumulación de causas penales podría evidenciar en los próximos meses un
aumento del 100 por ciento de los casos en una época de funcionamiento
regular. Pese a aquello, descartó de plano que aumente la dotación de
defensores en Magallanes.
–
Se extendió el estado de excepción por 90 días más. Esto ha implicado
que en Magallanes a lo menos todos los juicios deban reprogramarse para
septiembre ¿cómo se asegura el derecho de los imputados a tener un
juicio rápido con esta decisión?
“Naturalmente
los intereses centrales de resguardo de la vida y la salud de las
personas, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, el
interés de darle continuidad al servicio judicial para no dilatar las
causas y en particular el juicio oral son garantías para los imputados.
En el contexto de nuestra misión institucional cobra especial y vital
relevancia la voluntad de nuestros representados. Más que tener una
postura frente al debate si es que se debe realizar o reagendar un
juicio, lo primero a lo que estamos obligados es a obtener la voluntad
explícita y especifica de nuestros representados. La pregunta es
sencilla: ¿prefiere ser juzgado ahora por sistema remoto o prefiere
esperar el juicio de acuerdo
con el principio de legalidad y normas del debido proceso? Y esa es una
definición que informadamente toman nuestros representados en la
relación de confianza que tienen con sus defensores”.
“Si
es que vislumbramos que hay un juicio que, por la controversia que
genera y las pruebas que se van a incorporar, es difícil de realizar por
sistemas remotos, pero nuestro representado prefiere tenerlo ahora, el
derecho a ser juzgado en un plazo razonable es el que prima y es el que
hacemos valer en los tribunales”.
– ¿Qué complicaciones existen al hacer un juicio de manera remota?
“Si
hay solamente un debate jurídico, los medios telemáticos pueden operar
sin tantos problemas. Pero si tenemos un juicio en que hay una
controversia profunda respecto de los hechos y de la evidencia que se va
a incorporar para acreditarlos, en que además se va a tratar de
desvirtuar la credibilidad de la prueba de cargo para el caso nuestro,
lo que necesitamos es un juicio de acuerdo a las reglas del principio de
legalidad, y es lo que garantiza que se pueda hacer un debate de esta
naturaleza”.
–
Acá el fiscal regional aseguró que estaba “absolutamente comprobado”
que el realizar juicios por videoconferencia garantiza los derechos
fundamentales tanto de las víctimas como de los imputados…
“Este
debate da para muchas cosas, y uno puede tener posturas, pero hay cosas
que están sobre la base de esta discusión y que no son controvertibles.
La ley es la ley, y establece ciertas formas de actuación en resguardo o
en derechos de intereses de determinadas personas. En este caso, el
juicio oral, tras el cambio del modelo inquisitivo al acusatorio de
carácter adversarial, es una garantía para el imputado. Naturalmente, la
Fiscalía terminada su investigación esperaría la condena en base a la
acusación que ellos están sosteniendo, pero el juicio no es una garantía
para el Ministerio Público sino que para la persona que están acusando.
En estos casos, hasta mi opinión pasa a ser secundaria, la opinión de
otros también. El sostener una cosa distinta
a eso es entrar en una polémica que es bastante subjetiva y que no
viene al caso, porque sino no existiría el principio de legalidad”.
–
¿Qué opinión le merece que en todas las audiencias de revisión de
prisión preventiva, como consecuencia del reagendamiento de los juicios
orales, los magistrados no estén otorgando esta posibilidad, ni tampoco
la opción de que el modo de cumplimiento sea por medio de una pena
mixta?
“Esa
sí es una línea de sistema y que genera un debate jurisdiccional,
porque el otro tema es un debate legal que está resuelto por la
Constitución y las leyes, y no por mi opinión. Respecto de esta
circunstancia, teniendo las medidas cautelares un fin de procedimiento
no debiesen tener un fin de utilizarlas como pena anticipada, no tienen
el propósito de utilizarlas como un fin de control social, sino que
tienen un fin de procedimiento, que si se prolonga en el tiempo, lo que
corresponde es volver a debatir sobre la pertinencia de la misma. Porque
si la prisión preventiva tiene el propósito de resguardar el éxito de
una investigación, y el juicio se suspende por otros tres meses y ya la
investigación ha terminado, no tiene racionalidad ni sensatez que la
persona permanezca privada de libertad. Perfectamente se puede cambiar
esa medida por otras que garanticen la comparecencia del imputado a la
futura audiencia”.
– En ese sentido, usted siempre ha sido crítico respecto a la utilización de la prisión preventiva…
“Las
cifras demuestran el impacto que han tenido las modificaciones legales
que se le han incorporado al Código Penal para la regulación de esta
medida. En los últimos diez años, la prisión preventiva aumentó en
nuestro país a un 100 por ciento. De tener un estándar de aplicación de
un país desarrollado de nivel europeo, por más de un 35 por ciento están
hoy día las personas privadas de libertad esperando su juicio y que
está muy cercano al 40 por ciento que teníamos antes de la Reforma
Procesal Penal con el sistema inquisitivo. Si a eso le sumamos que la
estadística del sistema de justicia penal determina que el 50 por ciento
de las personas que estuvieron presas durante la investigación son
declaradas inocentes o son sobreseídas o son condenadas a una pena no
privativa de libertad, quiere decir que efectivamente estamos con una
aplicación completamente desproporcionada de esta medida cautelar. Es
una crítica que venimos sosteniendo hace muchos años”.
– ¿Cree que esta acumulación de juicios implique una sobrecarga laboral para los defensores?
“Chile
tomó la decisión de seguir funcionando en su sistema de justicia penal
por el uso de las tecnologías y ha sido un ejemplo a nivel
latinoamericano. Pero el sistema no tiene la misma capacidad y no se
están haciendo todas las audiencias que se pueden realizar cuando se
trabaja de forma regular, lo que ha generado a nivel nacional un aumento
de 20 mil casos pendientes al mes, y que hoy nos tiene con una
acumulación de causas por sobre el 70 por ciento. Lo más probable es que
si seguimos en este contexto, en un par de meses más, vamos a tener una
acumulación cercana al 100 por ciento de los casos en una época de
funcionamiento regular. Efectivamente vamos a tener más trabajo, es
evidente que vamos a tener que redoblar
los esfuerzos, pero ese interés tiene que ceder al resguardo de la vida
y la salud de las personas, y frente al resguardo del cumplimiento
irrestricto del debido proceso”.
– ¿Está considerado aumentar la dotación o las plazas en Magallanes?
“No
está considerado ni definido aumentar la dotación en ninguna parte del
territorio nacional. Hoy estamos en el debate del presupuesto 2021 y lo
que recibimos de las autoridades de Hacienda es que vamos a tener un año
con un escenario presupuestario inferior al que tuvimos el año pasado”.
– Con
la crisis sanitaria muchos proyectos quedaron en stand by, uno de ellos
en la cárcel de Punta Arenas era la separación del módulo de imputadas y
condenadas, que la defensora regional se esforzó tanto por difundir
este tema e impulsar esta iniciativa ¿cómo considera la situación actual
de las internas de Punta Arenas, sabiendo que esto se anunció el 21 de
abril de 2019?
“Lamentablemente
la Emergencia Sanitaria ha trastocado muchas de las decisiones que eran
muy innovadoras y que venían a hacerse cargo de una brecha clara en el
ejercicio del derecho –en este caso- de las internas en un recinto
penitenciario. Es lamentable, porque hoy los focos del sistema
penitenciario están puestos en cómo impedir el contagio y resguardar las
medidas de aislamiento, y tener una mirada fuera de lo urgente se hace
bastante complejo y difícil”.
–
¿Qué opinión le merece la nueva ley que aumenta las penas y el valor de
la multa para los infractores de las normas sanitarias?
“Uno
puede entender que frente a una emergencia y la necesidad de que se
cumplan las restricciones de la autoridad sanitaria, se determinen
aumentos de los castigos que tienen los ciudadanos que infringen estas
normas, pero encontramos que se ausentaba de ese debate la mirada más
integral. Aquí hay castigos que no dicen relación con la privación de
libertad, que son de bastante intensidad y que pueden tener una
incidencia mucho mayor desde el punto de vista del desincentivo a
cometer estas conductas, porque por el volumen de detenidos y de casos
que hoy están ingresando por infracción al artículo 318 podemos en unos
pocos meses de aplicación de la nueva
ley tener un aumento de la privación de libertad muy cercana a la
disminución que tuvimos como consecuencia de esta pandemia, a través de
iniciativas legales enviadas por el gobierno, por medio de acciones que
emprendieron defensores, en orden a que personas que estaban condenadas
pudieran recuperar su libertad a través del indulto conmutativo o que a
los imputados se les modifique la prisión preventiva por una medida de
menor intensidad. Fueron cerca de 6 mil personas que salieron del
sistema. Pero si a través de la aplicación de una ley vamos a sumar 6
mil o 7 mil personas nuevamente, quiere decir que estamos tomando una
decisión que puede ser acertada en un sentido, pero que nos va a poner
en un escenario muy parecido al que teníamos en marzo. Esa es nuestra
preocupación”.