A
través de su equipo jurídico, el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) se
querelló en contra de la textilería Puerto Edén SpA. Presuntamente
utilizaron los beneficios tributarios de la Ley Navarino e importaron al
resto del país sus productos manufacturados.
Según
la querella, entre febrero y octubre del 2020 la empresa internó a
Magallanes hilos de algodón y rafias desde Argentina, México e India.
Tras su desembarque, Aduanas constató su ingreso a la Zona Franca, que
gracias a la Ley Navarino tiene excepciones tributarias y aduaneras.
Los
productos –avaluados por la dirección regional en casi 400 millones de
pesos– se sometieron a su tratamiento industrial y se creó una serie de
mangas de algodón y cabos Mussel.
En
su trazabilidad de la mercancía, Aduanas señaló que el producto final
no se quedó en la región, como lo obliga la ley. Descubrieron que los
textiles abandonaron Magallanes por el cruce de Monte Aymond y se fueron
al norte del país para su comercialización.
La
acción legal establece que si los productos se retiraban de la zona de
excepción tributaria, la empresa debía pagar impuestos, derechos y
gravámenes. Según los funcionarios del servicio, los recursos dejados de
percibir por el Fisco ascienden a casi 108 millones de pesos.
El representante legal de Puerto Edén SpA, Carlos Barros Salinas, es sindicado por
Aduanas como responsable de un delito de contrabando. Arriesga una
multa de hasta cinco veces el valor de las especies introducidas, es
decir, 2 mil millones de pesos.
La
querella ya fue acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de Punta
Arenas. Solicita al Ministerio Público que despache una orden de
investigar a la unidad especializada en delitos económicos de la PDI.