Esta
semana, la Fiscalía le comunicó a Christian Barrientos Urra, gerente de
Inmobiliaria Magallanes, que sería investigado por el delito de estafa.
Presuntamente, el imputado habría defraudado a 2 personas con promesas
de contratos de compra y venta por casi 72 millones.
Las
víctimas habrían acudido a Barrientos para comprar casas en el proyecto
inmobiliario “Altos de la Pradera”, en la Prolongación Mardones. El
condominio jamás sería construido, pues el terreno está sujeto a
expropiación.
Como
era imposible construir viviendas en el terreno, 2 personas
comprometidas con el imputado lo denunciaron. Él, por su parte, decidió
querellarse contra la Municipalidad de Punta Arenas y el Serviu por 550
millones de pesos.
Proyecto en blanco
En
diciembre de 2017, Barrientos Urra adquirió el terreno en prolongación
Mardones para construir un total de 32 casas. El proyecto ya tenía
nombre: “Condominio Altos de la Pradera”.
En
los siguientes meses, cerca de 10 profesionales se movilizaron para
tener el permiso de edificación. Hicieron casi 30 documentos con
acreditaciones térmicas y proyectos de agua térmica, entre otros.
Mientras
se trabajaba en la obtención del permiso, el imputado comenzó a ofrecer
las casas en blanco. Entre marzo del 2018 y diciembre del 2019, ocho
promesas de contrato de compra y venta fueron celebrados.
Entre
las personas que se comprometieron con el formalizado estuvo T. A. L.
B., quien habría pagado al contado casi 9 millones de pesos. Además, J
G. S. le habría pagado 63 millones por otra promesa de contrato. Posteriormente, ambos lo denunciarían por estafa.
Mientras
se gestionaba los permisos con el municipio, Inmobiliaria Magallanes
inició las faenas en el terreno. Con un crédito del banco y el dinero de
las promesas de contrato, 15 trabajadores movilizaron retroexcavadoras y
camiones para que el proyecto pudiese efectuarse.
“La
demora en el otorgamiento del permiso implicó que llegara el otoño. Con
ello, las condiciones al iniciar el proceso de construcción no
permitieron su ejecución en terreno”, dice la querella.
Como
el presupuesto para ejecutar el proyecto estaba mermado, Inmobilaria
Magallanes acudió nuevamente al banco para gestionar un crédito.
Como requisito para entregar dinero, los prestamistas pusieron un
requisito: presentar un certificado de no expropiación del terreno.
En
octubre del 2019, el Serviu le entregó a Barrientos Urra el documento
requerido. El terreno de prolongación Mardones estaba sujeto a
expropiación, por lo que el proyecto “Altos de la Pradera” quedó
frustrado.
Indemnización
Por
el dinero invertido en las faenas y los costos de los contratos,
Barrientos Urra solicita una indemnización de casi $ 550 millones por
parte del Serviu y la Municipalidad de Punta Arenas.
Según
la querella, el municipio incurrió en faltas por entregar el permiso de
edificación a pesar que el terreno tenía una orden de expropiación.
“Al
momento de comenzar la ejecución del proyecto, no tenían valor alguno
por existir el certificado de expropiación, cuestión que no advirtió la
municipalidad al momento de otorgar el permiso de edificación”, dice la
querella.
En
cuanto al Serviu, el imputado señala que ellos emitieron un certificado
que impedía la expropiación en julio del 2017. Esa información sería
opuesta a la que se emitió en octubre del 2019.