El
traspaso del Servicio Nacional de Menores (Sename) al Servicio Nacional
de Reinserción Juvenil ha sido objeto de debates en el país. En el
norte, por el incumplimiento de un protocolo de traspaso (aseguran los
trabajadores de la entidad) y en el sur austral, por las acciones de
movilización en favor de la cuestionada implementación que, aseguran,
vaticinaría lo que ocurrirá el 13 de enero de 2025, día en que el Sename
finalmente deje de existir en la región de Magallanes y la Antártica
Chilena.
En
ese contexto, hoy llegará a la región una comitiva del Gobierno
central, específicamente del Ministerio de Justicia, de entre ocho a 10
funcionarios, para “resolver dudas” o llevar a cabo una suerte de
“capacitaciones informativas” sobre este mismo traspaso. Lo anterior,
según lo que contó Marcela Mardonado, dirigenta de la Asociación de
Funcionarios de Sename (Afuse), comprometería una atención de alrededor
de 300 menores, si se toma en consideración el Boletín Anual del
Ministerio Público de Magallanes de 2024.
Comunicado
Los funcionarios dieron cuenta del
escenario en el que ocurrirán estas “capacitaciones”: en un comunicado
dado a conocer la jornada del lunes, aseguraron que los trabajadores
locales “deberán someterse a procesos de evaluación de trayectoria y
también de competencias, donde se revisará su historia laboral,
experiencia, formación educacional, calificaciones, y también conocer si
tienen aptitudes que le permitan trabajar con jóvenes y adolescentes
que han cometido delitos, y acompañarlos en lo que se ha llamado un
‘Modelo de Intervención Especializado’. Sin embargo, la especialización
no ha sido parte de lo que este Gobierno ha mostrado en la zona norte
del país, y este nuevo servicio ha sido solo un cambio de nombre, ya que
los compromisos del Gobierno no se han cumplido ni con los jóvenes ni
con los funcionarios y funcionarias”.
A
renglón seguido, en el mismo texto, aseguran que los funcionarios del
Sename llevan “semanas movilizados” por el incumplimiento del protocolo
acordado para la ejecución del traspaso, como “no tener cuentas
corrientes para pagarles a los proveedores”, o que “no se pagan los
sueldos ofrecidos por el Gobierno”, o “temas de infraestructura”.
Un tema “sensible”
En
diálogo con El Pingüino, Mardones incluso abordó un tema que calificó
como “sensible”: las remuneraciones. Lo explicó: “La gente que se
traspasaba y se le homologaba su cargo, mejoraba su grado. La gente
trabajó, llegó, pero cuando estuvo el momento de pagar la remuneración,
las platas no estaban porque algún funcionario, que no sabemos si era de
Reinserción o la ex subsecretaría de Justicia no mandó el certificado
de disponibilidad presupuestaria”.
A
modo de ejemplo, se les dijo que les pagarían $100 mil y a fin de mes
eran $50 mil. Luego se les señalaba que sería retroactivo, pero “ahora
dijeron que no hay plata hasta el próximo año y sin pago retroactivo”:
“Y así el saldo inicial de caja, que en vez de tener las cuentas
corrientes abiertas para la operación, ellos pagan con caja chica. Ahí
se genera el tema: la implementación de las cuentas no estaban. Es una
completa desproligidad”.
En
concreto, piden que los fondos del traspaso se legislen, a fin de tener
asegurados las remuneraciones y los gastos operacionales.
La
situación, precisaron, fue dada a conocer tanto a la Delegación
Presidencial como a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de
Justicia. “Es obligar a los funcionarios a tirarse por un barranco. Si
se quieren reunir conmigo, se reúnen y si no, se friegan. Y ahí nos
obligan a movilizarnos. Y las autoridades, invisibles completamente”,
dijo la dirigente.
Consultados en la Delegación Presidencial y la Seremi de Justicia, declinaron referirse al tema.