Ningún
grupo parlamentario se ha restado del debate por la Ley de
Fortalecimiento de la Regionalización, que ya se está implementando en
algunas regiones del país con el nombramiento de administradores
regionales por parte de los intendentes y que ha suscitado todo tipo de
interrogantes, muchas de ellas todavía sin respuestas.
Tanto
que esta semana, diputados oficialistas, liderados por la gremialista
Sandra Amar, enviaron una carta al titular de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional (Subdere), Felipe Salaberry, en la que le plantean
que la norma vigente “tiene dos alternativas: ser una oportunidad para
las regiones o sumarse a la lista de desastres institucionales para el
país”.
También
advirtieron que “existe preocupación respecto del proceso de traspaso
de competencias, tenemos que tener la premura suficiente para que
tengamos un proceso de descentralización realmente efectivo, de lo
contrario podría ser un desastre”, dijo Amar, quien afirmó que
“postergar la elección puede ser una opción; así una vez que parta el
sistema será con todas las atribuciones que corresponden”.
Esa
misma idea se postula en el escrito: “El Ejecutivo se enfrenta a una
ley que debe ser aplicada o decidir finalmente retrasarla en su puesta
en marcha; pero es urgente, por el bien común de Chile y en especial de
las regiones, saber a la brevedad si vamos a tener o no elección de
gobernadores el año 2020”.
Fue
tal el impacto de la misiva y de otras críticas, que el guante fue
recogido por el propio Gobierno y desde La Moneda anunciaron que el
Presidente Sebastián Piñera creará una mesa de trabajo transversal para
analizar la ley y ver qué aspectos funcionan, y cuáles no, para afrontar
los desafíos que vienen.
Según
se informó ayer, un documento interno del Ejecutivo explicita que “la
Ley de Fortalecimiento de la Regionalización tiene evidentes aspectos no
resueltos, pues no fue pensada considerando como fin último el traspaso
de competencias”.
José Benítez