Un matiz diferente dio ayer el seremi de Hacienda, Christian García, sobre la polémica generada tras las declaraciones del core Alejandro Kusanovic, acerca de las deudas que el Consejo Regional (CORE) anterior -un día antes del cambio de Gobierno- detectó de parte de la administración de la Zona Franca de Punta Arenas, concesionada a la Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI).
La autoridad regional aclaró que la investigación que lleva a cabo Contraloría -que se encuentra a la espera de que el GORE haga llegar los antecedentes requeridos, que debe ocurrir en los primeros días de julio- busca esclarecer si el intendente -ya sea actual o anteriores- ha llevado a cabo su labor de fiscalizar el cumplimiento del contrato con SRI, y no si la empresa ha incurrido en irregularidades.
– Es decir, seremi, ¿Contraloría podría generar sanciones o recomendaciones hacia la intendencia, no hacia la empresa?
“Efectivamente. Las sanciones a la empresa, los cumplimientos o incumplimientos, son una acción privativa del intendente. No es ni Contraloría ni un core los llamados a generar dichas acciones”.