El
abogado Mario Elgueta, asesor jurídico de la Asociación de Industriales
de Tierra del Fuego e Isla Navarino hizo ayer una dura crítica al
actuar fiscalizador de la Tesorería General de la República y la
Intendencia, a los cuales acusó de descoordinación y desorden en sus
procedimientos de fiscalización.
Elgueta
basó sus argumentos en las conclusiones del último dictamen de la
Contraloría General de la República, el cual exigió a los organismos
fiscalizadores conciliar su actuar fiscalizador con la necesidad de “no
afectar la finalidad de fomento” propia de esta normativa.
Para
Elgueta, “el contenido del documento emanado de Contraloría, devela una
contundente y reveladora situación de desorden de los propios servicios
públicos e Intendencia. Los industriales han convivido con sus
permanentes dobles y triples tramitaciones y descoordinaciones internas.
Este documento desenmascara la exacerbada burocratización de la que han
sido víctimas las empresas acogidas a las leyes de fomento, dejando muy
en claro que todas estas inconsistencias y faltas de coordinación no
son culpa ni responsabilidad de las empresas aludidas en dicha
publicación, ni menos de la Asociación Gremial de Industriales de Tierra
del Fuego y Navarino”.
Elgueta
citó como ejemplos de ello que “que los mismos documentos deben ser
impresos varia veces en papel y ser chequeados una y otra vez por un
servicio y otro, sin utilizar los medios tecnológicos, ni la información
en línea disponible, herramienta que ahorraría cientos de horas
hombres en las distintas reparticiones con el consecuente gasto
innecesario del presupuesto de la nación”, indicó.
Responsabilidad social
Elgueta
fue enfático en afirmar que “este dictamen de la Contraloría demuestra
fehacientemente que no son las empresas de esta asociación las que se
niegan a ser fiscalizadas como se ha querido hacer creer a la opinión
pública regional, sino más bien hace presente la descoordinación de los
organismos fiscalizadores… El espíritu de las empresas siempre ha sido
consecuente y proclive a la acción fiscalizadora de quien debe ejercer
este rol, por esta razón nunca ningún socio de la A.G., ha pretendido ni
ha demostrado obviar o rechazar esta acción por el contrario”.
Certeza jurídica
Agregó
que uno de los cuestionamientos que surge a partir de las leyes de
fomento es la certeza jurídica de los Contratos Ley entre las empresas
acogidas a las leyes de excepción y el Estado de Chile. Elgueta señaló
que, “esto fue permanente negado por la autoridad de Hacienda del
Gobierno anterior y, curiosamente, el Consejo de Defensa del Estado, en
un reciente alegato en el Tribunal Constitucional, por una causa de la
empresa Industria Textil Mejillones, ha confirmado y ha señalado durante
el alegato que se trata de un Contrato Ley, confirmando la solidez de
esta figura jurídica incluso por sobre un contrato administrativo donde
existen potestades exorbitantes de la administración”, denunció.
Animosidad
El
abogado acusó a la anterior administración de interpretar en forma
arbitraria las normativas de la Ley Navarino con el afán de descalificar
a las empresas acogidas a este beneficio.
“El gobierno anterior -dijo-
gravosamente y en una suerte de arrogarse facultades interpretativas
generó una especie de leyes de amarre, impartió instrucciones a los
servicios públicos a través del Ordinario 232, cambió el sentido del
concepto económico ‘insumo’, asimilándolo al de ‘materias primas’ en un
error técnico garrafal y sin precedentes y solo con la animosidad de
descalificar a empresas que usan la energía en sus procesos productivos
para alcanzar el 25% en el porcentaje de integración”, lo que a su
juicio afecta la certeza jurídica de los contratos.