La ley estableció la
gratuidad de la educación escolar pública y privada, eliminando
gradualmente el financiamiento compartido. “La intención era igualar la
cancha. Los colegios gratuitos y los que se adhirieran a la gratuidad
recibirían una subvención llamada Aporte por Gratuidad de 0,45 USE, lo
que equivale a $ 10.700 pesos por alumno, que se completaría en tres
años”, explicó la consultora en educación Mariana Aylwin, quien agregó
que “sin embargo, sorpresivamente, la ley de presupuesto establece que,
sin perjuicio de lo que dice la ley, se congela el aumento del Aporte
por Gratuidad. Esto es muy grave”.
Para
Hermes Hein, abogado y ex secretario general de la Cormupa, el recorte
de $ 80.000 millones al presupuesto de educación para diferir el
incremento a la subvención contemplado en la ley de inclusión para el
año 2018, no es un problema exclusivamente financiero, de corto plazo,
“evidencia el fracaso de una reforma mal planificada y peor ejecutada”.
Hein
añadió que si no existía la capacidad de coordinar a los ministerios de
Hacienda y de Educación, “habría sido preferible no cambiar al ministro
Eyzaguirre de la cartera de Educación, pues ninguna reforma podía
caminar si no se hacía en correspondencia con los fondos disponibles y
aquellos gastos previsibles”.
Asimismo,
enfatizó que “esta medida importa una forma de engaño para los
establecimientos particulares subvencionados que mudaron a instituciones
sin fines de lucro, pues los plazos no se han modificado y ciertamente
el riesgo se ha calculado sobre la base de ingresos futuros que han sido
diferidos, que en Chile, perfectamente, puede significar
indefinidamente”.
El
ex secretario de la Cormupa subrayó que “la denominada ley de
inclusión, y la incapacidad de ejecutarla en su integridad, en los
plazos establecidos por ley, importa un grave incumplimiento e
imprevisión, no sólo del Ejecutivo, sino que del Legislativo, que
aprueba una vez más una norma no financiada, inconsulta, en que se
privilegió que juntos y todos tomados de las manos aplaudieran -el fin
al lucro- sin considerar que éste es un sistema subvencionado, que
responde a una misma lógica y a un sistema de financiamiento integrado,
aun cuando los establecimientos sean de administración municipal”.