Según informó la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, desde 2018 a la fecha en la región ha disminuido la participación juvenil en delitos.
Lo anterior, dicen, se constata al revisar la cantidad de ingresos al sistema de adolescentes penalmente responsables (33.836 en 2018; 20.194 en 2021), como también examina la distribución de delitos de mayor connotación social en comparación a la población total. Dicho porcentaje durante 2023 representa el 1,9 por ciento de las causas atendidas por la Defensoría Penal Pública (22 en total, versus 1.130 causas de adultos). Este ingreso de causas en descenso daría cuenta de una tendencia a la baja en la criminalidad adolescente, aun cuando mediáticamente se asocie a jóvenes a casos de connotación pública, al involucrar generalmente lesiones.
Ruth Aburto, directora regional de Senames, reconoce que desde 2018 a la fecha ha habido una baja importante a nivel nacional de jóvenes que han infringido la ley, frente a lo cual se abocan de lleno a intervenir integralmente y entregar diversas herramientas a sus usuarios para que logren reinsertarse a la sociedad. Esto, luego que la división del Sename, en octubre de 2021, los dejara exclusivamente a cargo del Área de Justicia Juvenil, traspasando el área proteccional al Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Desde la Defensoría de la Niñez se destaca que la concentración de delitos por cada adolescente, continúa siendo el problema principal. Los datos muestran que, del total de adolescentes detenidos entre abril de 2019 y mayo de 2022, se registra un promedio de 1,69 detenciones por cada adolescente, en 4 años, en un rango que va desde una detención hasta un máximo (en un caso) de 82 detenciones en dicho periodo. Es decir, el 10% de los adolescentes detenidos en ese periodo, explica el 35% total de todas las detenciones. Al incurrir en más de un delito, hay jóvenes que van acumulando causas y a la larga adquieren su mayoría de edad.
Los 44 jóvenes vigentes que son parte de la red Sename hoy en la región tienen más de 18 años. De ellos, hay 2 en internación provisoria, 2 en régimen cerrado y 1 en semicerrado, en tanto el resto está en programas de intervención en el medio libre.