Nunca un parlamentario
magallánico había estado en un complicado escenario judicial como lo está hoy
el senador Carlos Bianchi, imputado por el Ministerio Público por negociación
incompatible y fraude al Fisco.
La Corte de Apelaciones de
Punta Arenas será mañana -en audiencia programada para las 9.00 horas- la
encargada de resolver la petición de desafuero del parlamentario solicitada por
la Fiscalía Regional encabezada por Juan Agustín Meléndez, quien actuará como
querellante junto al procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE)
y los abogados Francisco Cárdenas y Nicolás Sánchez, del estudio jurídico
Bosselín, Briones, Irureta & Sánchez. Por la defensa expondrán los abogados
Miguel Soto y Mauricio Daza.
La investigación al
senador Bianchi surgió en abril de 2013, cuando diversos antecedentes que lo
involucran fueron remitidos a la Fiscalía Regional, que comenzó indagando el
delito de negociación incompatible, pues la ley prohíbe sostener contratos con
parientes cercanos. Esto, a más de dos años del inicio de la investigación,
nunca ha podido ser desconocido por Bianchi cambiando la estrategia al decir
que los dineros eran para él y que por lo tanto podía arrendarle a familiares,
contraviniendo lo expresado en el Artículo 240 del Código Penal que señala lo
siguiente:
El
empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquiera clase
de contrato u operación en que debe intervenir por razón de su cargo, será
castigado con las penas de reclusión menor en su grado medio, inhabilitación
absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a
máximo y multa del diez al cincuenta por ciento del valor del interés que
hubiere tomado en el negocio.
Esta
disposición es aplicable a los peritos, árbitros y liquidadores comerciales
respecto de los bienes o cosas en cuya tasación, adjudicación, partición o
administración intervinieren, y a los guardadores y albaceas tenedores de
bienes respecto de los pertenecientes a sus pupilos y testamentarias.
Las
mismas penas se impondrán a las personas relacionadas en este artículo, si en
el negocio u operación confiados a su cargo dieren interés a su cónyuge, a
alguno de sus ascendientes o descendientes legítimos por consanguinidad o
afinidad, a sus colaterales legítimos, por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive y por afinidad hasta el segundo
también inclusive, a sus padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos, o a
personas ligadas a él por adopción.
Asimismo, se sancionará con iguales penas al empleado
público que en el negocio u operación en que deba intervenir por razón de su
cargo diere interés a terceros asociados con él o con las personas indicadas en
el inciso precedente, o a sociedades, asociaciones o empresas en las que dichos
terceros o esas personas tengan interés social, superior al diez por ciento si
la sociedad es anónima, o ejerzan su administración en cualquiera forma.
De victimización a
amenazas y agresiones
Desde el primer día de la
investigación, el senador Bianchi ha usado una permanente estrategia de
victimización para desviar el foco de la atención pública desde el delito que
está siendo investigado a una supuesta persecución política. Hoy, a casi dos
años de las últimas elecciones la investigación ha continuado su avance y el
parlamentario fue formalizado el 10 de marzo pasado y dentro de las próximas
horas se resolverá su desafuero para enfrentar un juicio como cualquier
chileno.
Sin perjuicio de la
permanente victimización que ha realizado estos últimos dos años, en el último
tiempo ha cambiado de estrategia ampliando sus descalificaciones y agresiones,
ya no solo al ex diputado Miodrag Marinovic, sino también al presidente del
CDE, Juan Ignacio Piña, al fiscal regional, Juan Agustín Meléndez, a diversos
sectores políticos e incluso a los otros parlamentarios de Magallanes.
Contra Meléndez no sólo
han sido descalificaciones. Sino también amenazas, las cuales en los últimos
días las amplió a algunos medios de comunicación que se han atrevido a informar
con independencia.
Por otra parte, la defensa
ha optado por ventilar el proceso a través de
los medios, acusando y descalificando el
proceso y entregando información que ha resultado ser errónea.
En
círculos cercanos señalan que es probable que el abogado Mauricio Daza, de gran
locuacidad, sea quien le haya recomendado usar una estrategia agresiva y más
bien violenta, con el objetivo de intimidar no solo al Ministerio Público, sino
también de generar una sensación de victimización en la comunidad. Sin embargo,
el efecto no ha sido tal, pues en definitiva las agresiones a miembros del
Poder Judicial no han sido bien miradas en esferas del mundo de tribunales,
quienes no están acostumbrados a este
tipo de presión.
La actitud de la defensa
de Bianchi contrasta con la posición metódica y moderada que ha llevado la
fiscalía y las otras partes denunciantes. El propio Fiscal Meléndez ante una
pregunta señalo que “yo sólo hablaré en los tribunales en el marco del
proceso”.
Han pasado más de dos años
del inicio de la investigación y se han ido aclarando los hechos.
El supuesto permiso del
Senado que no existió
En las últimas semanas la
estrategia del senador Bianchi ha apuntado a decir que las asignaciones para
arriendo eran de libre disponibilidad, lo que fue ya había sido señalado por su
abogado Daza en Radio Polar el 28 de noviembre de 2014, quien, además, aseguró
que el arriendo de Bianchi a su suegra no era ilegal: “La verdad que eso no es
así de que sea ilegal, este arriendo fue informado al Senado, fue auditado por el Senado, fue aprobado por
el Senado y fue transparentado al Senado”, manifestó.
No obstante, el secretario
del Senado, Mario Labbé, quien fue personalmente interrogado por el fiscal
Meléndez la semana pasada fue el que aclaró que aun cuando los fondos son
asignaciones para los senadores, el gasto debe cumplir con la ley y que “los
acuerdos del Senado jamás han contemplado una autorización para arrendar sedes
parlamentarias a parientes”. Sin perjuicio de aquello, es el mismo Bianchi en su
declaración del 3 de agosto de 2013 quien ante la pregunta del fiscal si él
había informado expresamente al Senado haber celebrado un contrato de arriendo
con su suegra contestó que le había preguntado al abogado Manuel José Benítez,
“quien me señaló que no había problemas. No existe un documento remitido al
Senado informando esta situación”.
El mismo Bianchi en entrevista al diario local La Prensa
Austral del domingo 8 de marzo pasado señaló que “por lo tanto esa asignación
es de libre disposición y uno puede proveer de ella”. Lo que no dijo el senador
es que el uso de los montos contemplados por las asignaciones parlamentarias
debe ser usado con cumplimiento a la ley, pues independientemente que exista
flexibilidad en su uso, son fondos públicos.
Fue el propio secretario del Senado, quien al ser consultado
por el fiscal, manifestó que “los parlamentarios como toda persona tienen la
obligación de conocer las leyes”. También aclaró que no le corresponde al
Senado revisar los contratos para saber si los arrendadores son familiares o
parientes, con lo cual queda claro que al Senado sólo le compete una acción de recepción de la información entregada por
el parlamentario, la responsabilidad de los actos recae en el parlamentario que
presenta los antecedentes. La tesis de la defensa se contrapone con el
sentimiento público que actualmente está imperando en el país en el sentido que
haya más transparencia y honestidad en las acciones que realicen los servidores
públicos.
En ese sentido, el
Consejo de Defensa del Estado (CDE) es claro al afirmar que Bianchi “tiene la
calidad de empleado público”, que los recursos contenidos en la asignación
parlamentaria son “fondos públicos” y que por lo tanto deben ser usados y
rendidos dentro del marco de la ley.
Sin perjuicio de lo anterior, a juicio de los querellantes y
de la fiscalía, aún cuando hubiera un acuerdo de la Comisión de Régimen
Interior del Senado, donde se hubiera autorizado a Bianchi a arrendarles a
parientes, dicho acuerdo no tendría efectos, porque las acciones
administrativas del Senado no pueden estar por sobre la Ley.
El destino de las platas
La investigación identifica dos períodos: uno en que el
Congreso le pagaba directamente a Bianchi, desde abril de 2006 hasta septiembre
de 2009; luego hay un período donde el Congreso le paga directamente a Victoria
Retamales.
Las dudas aparecen cuando
el 12 de abril de 2006, Bianchi directamente al Senado le solicitó que el
cheque destinado al pago del arriendo
fuera emitido a su nombre, situación que
continuó hasta septiembre de 2009.
En
este caso lo lógico hubiera sido que luego él traspasara dicho monto al titular
del arriendo, sin embargo los informes periciales determinaron que nunca en la
cuenta de la cuñada recibió depósitos por los montos íntegros del arriendo.
El
informe del CDE señala que “se puede afirmar que una vez ingresados a los
haberes del querellado, estos pagos no fueron transferidos, pues no existen
antecedentes que permiten
concluir que el destino para el que
fueron entregados los fondos haya sido cumplido, apropiándose entonces el
querellado de los mismos”.
Viene
de pág. 9
Al respecto el informe pericial contable de la PDI número 4
de 2014 (ver nota anexa en página 11), revisó las cuentas corrientes del
senador Bianchi y su cuñada, indicando que entre 2006 y 2009, período en que
los arriendos eran cobrados por Bianchi directamente, la cuenta de la cuñada
tuvo “depósitos constantes” por entre $ 200.000 y $ 248.000 que coincide con el
valor de mercado de la propiedad que arrendaba Bianchi.
En el marco de la investigación de fiscalía se ha a
acreditado que durante la etapa que Bianchi cobraba los cheques, los dineros
del arriendo no fueron a parar a la cuenta corriente de la suegra o cuñada,
sino que se mantuvieron en el patrimonio del querellado. Situación que se
contrapone con lo que él mismo señaló en la declaración de agosto del 2013 ,
cuando manifestó que “el dinero por el arriendo de la sede parlamentaria fue
percibido únicamente por la señora Victoria Retamales, a quien yo manteniendo
la conducta anterior pagaba en efectivo hasta la modificación que ya he
referido, por lo que los cheques fueron girados a su nombre. Por lo anterior mi
señora Blanca no recibió ni ha recibido dinero alguno por este arriendo”
Sin embargo, en el marco de la investigación, se ha
acreditado que existen depósitos en la cuenta de la esposa de Bianchi por
similar monto al del arriendo y luego depósitos por un monto de aproximadamente
$ 200.000 depositados a la cuñada de Bianchi realizados por la secretaria de la
oficina parlamentaria de Punta Arenas, Carolina Andrade.
Todo lo anterior permite pensar que los dineros de los
arriendos pagados por un monto superior al doble del precio de mercado fueron
al menos a parar a las arcas del propio senador Bianchi.
En junio de 2014, el
CDE amplió la querella a fraude al Fisco toda vez que en opinión del organismo
que defiende los intereses del Estado, el arriendo pagado por Bianchi a su
suegra era más del doble del precio de mercado, según informe de la PDI. A
todas luces la oficina que Bianchi usaba y por la que terminó pagando más de $
1.000.000 mensuales, no tenía ninguna relación con los precios de arriendo
similares que bordeaban $ 300.000 pesos mensuales.
Para la etapa en que Victoria Retamales recibía los cheques
directamente del Senado, la PDI realiza un peritaje donde se “muestra en
paralelo la cuenta corriente de Victoria Retamales Espinoza y las cuentas
corrientes de Carlos Bianchi Chelech, quedando en evidencia que presentan
transacciones comunes que se originan a partir del depósito de los cheques
emitidos por el Senado de la República a nombre de Victoria Retamales”
Continúa el peritaje de la PDI señalando “el 29 de octubre
de 2009 Retamales depositó en su cuenta $ 980.492 proveniente del cheque Nº
110363 de la cuenta corriente del Senado, al día siguiente, el 30 de octubre de
2009 generó el cheque Nº 169 por la suma de $ 780.492, cifra que se registra en
la cuenta corriente del senador”. Vale decir, el pago efectivo a Victoria
Retamales era de $ 200.000 y el saldo supuestamente se le devolvía a Bianchi
Por su parte, la defensa de Bianchi señaló que “no hay
triangulación entre la señora Retamales y el cuñado, habiendo sólo un caso en
que existe coincidencia entre el pago hecho por el Senado a Victoria Retamales
Espinoza y una transferencia hecha por ella a una cuenta corriente del senador,
lo que descarta la existencia de un
patrón o reiteración”
La conclusión a la que llega el Consejo de Defensa del
Estado es que “la defraudación se produce, por una parte, porque el imputado,
con colaboración de al menos su cuñada, cobró y percibió del Senado dineros por
conceptos de rentas de arriendo que nunca tuvieron como causa un contrato de
arriendo real, las que finalmente fueron a incrementar el propio patrimonio del
senador querellado, existiendo en consecuencia una simulación de una realidad
jurídica inexistente”
El sobreprecio que recibía Bianchi por la oficina
Bianchi llegó a pagar más de $ 1.000.000 por una oficina de
material ligero, antiguo y de regular calidad, ubicada en Ignacio Carrera Pinto
Nº 824-A. Según exponen los denunciantes en su requerimiento ante la Corte de
Apelaciones, los montos pagados variaronentre 1.13 UF y 1.22 UF el metro
cuadrado, frente aun valor promedio de mercado de 0.17 UF el metro cuadrado. El
sobreprcio fue de aproximadamente seis veces; si se hubiese tratado de un
inmueble de alta calidad, el sobreprecio sería de tres veces.
Los peritajes solicitados por la fiscalía han confirmado que
el precio que pagaba Bianchi por la sede parlamentaria a sus parientes eran muy
por sobre el mercado.
El informe pericial solicitado por la fiscalía a cargo del
profesional Fernando Descouvieres estableció que oficinas como la que arrendaba
Bianchi a sus parientes tienen un canon de arriendo mensual de UF 0,17 por
metro cuadrado. El peritaje independiente señala que “el inmueble de calle
Ignacio Carrera Pinto Nº 822 registró valores de arriendos pagados que superan
el máximo pagado por un inmueble de alta calidad, siendo que esta propiedad por
su materialidad constructiva fue definida de regular calidad. Solo cuando
funcionaba una oficina parlamentaria se llegó a pagar por concepto de arriendo
un precio de 0,46 UF/m2, es decir el triple del valor promedio y un 48%
superior al máximo valor pagado en el sector y por un inmueble de alta
calidad.”
También, el fiscal
permitió acreditar que los arriendos de dicha propiedad antes y después
del alquiler del senador nunca superaron los $ 350.000, vale decir el arriendo
más caro que se recibió por dicha oficina fue el que pagó Bianchi a sus
parientes.
Por otro lado, la defensa presentó un informe de tasación
que le atribuye a la propiedad un valor comercial de
$ 212.400.000, por lo cual, según ellos, se podría cobrar razonablemente hasta
$ 1.283.017.
Las cifras de la defensa son sorprendentes si se considera
que actualmente tendría vocación turística la propiedad con un arriendo de
piezas de $ 25.000, cosa a la cual no se dedicaba el senador y llegando a un
arriendo de UF 25/mt2 el cual es inferior al que pagó el senador según el
propio peritaje aportado por la defensa.
La propiedad total tenía un avalúo fiscal de aproximadamente
$ 29.272.377, vale decir que valor de tasación fiscal de la mitad era de $
aproximadamente $15.000.000. Si
consideramos que el valor que estipulado en el contrato alcanzaba al millón de
pesos, en solo 15 meses se alcanza con el arriendo el valor del avalúo fiscal,
impresionante rentabilidad aun cuando se le aplicara el avalúo comercial.
Las explicaciones de Bianchi
Las explicaciones dadas en calidad de imputado por el
senador Bianchi no solo no han sido demostradas en la carpeta de investigación,
sino que se han acreditado que son falsas. Se afirmó que él dio cuenta al
Senado verbalmente del hecho (ningún testigo del senado ratifica esa versión por
el contrario la niegan); afirmó que el precio era abultado porque se había
efectuado un arriendo de un inmueble amoblado (el contrato no dice tal cosa y
no se ha probado que se haya pagado IVA, por tal arriendo en circunstancias que
los arrendamientos urbanos se encuentran gravados con tal impuesto); se afirmó
que él entregaba el dinero a su suegra y después a su cuñada “en efectivo” y no
existe ningún antecedente en la carpeta que dé cuenta de tal hecho. Muy por el
contrario, aparece que los fondos públicos nunca salieron del bolsillo del
senador.
Llama la atención la defensa que ha impuesto Bianchi,
llamando al presidente del CDE pinochetista, y acusándolo en Radio Polar de que
“ha habido una actuación impropia por parte de ciertos personeros públicos que
a nuestro juicio es inaceptable. El presidente del Consejo de Defensa del
Estado, quien fue hasta hace un par de años abogado de Augusto Pinochet Ugarte”.
El senador olvida que la
acción penal interpuesta por el CDE fue acordada por 11 consejeros entre los
cuales hay personas de todas las tendencias políticas. Por otro lado, también
llama la atención de los magallánicos que Bianchi critique al funcionario del
CDE de pinochetista cuando él en el período de dictadura militar (1973-1990)
fue locutor y encargado comunicacional de la Radio Nacional en Magallanes,
órgano de difusión radial oficial de ese mandato.
En las últimas semanas
Bianchi ha enviado diversas señales hacia La Moneda para reforzar su
disponibilidad de apoyar al gobierno en los proyectos que este envíe, sin
embargo en fuentes del palacio de la moneda han indicado que el gobierno no va
a hacer nada para defender a Bianchi, porque se busca que sea el poder judicial
el que pueda dar claras señales en contra de la corrupción.
Por otro parte, en
esferas del Congreso en Valparaíso se comenta en pasillos la situación de
Bianchi y los políticos andan con mucho cuidado, sin que nadie salga en defensa
del senador ante la contundencia de las pruebas.
Las presiones mediáticas
hechas por la defensa son vistas con molestia, por las autoridades
judiciales quienes han comentado que en este caso está en juego la
independencia del Ministerio Público y del
Poder Judicial y que sus máximas autoridades no se dejaran amedrentar
por los dichos de los abogados de Bianchi
Pericias PDI
El 17
de febrero del año pasado, la Policía de Investigaciones (PDI) emitió un
informe en el que detalla los cheques recibidos por el imputado Carlos Bianchi
Chelech desde el Senado de la República por concepto de arriendo de la sede
parlamentaria en Punta Arenas, entre 2006 y septiembre de 2009. El informe
buscaba determinar si los montos recibidos por el senador fueron retirados y
depositados en la cuenta correspondiente a Victoria Retamales Espinoza, suegra
del imputado y dueña del inmueble arrendado.
Las
pericias detallan que desde abril de 2006 a septiembre de 2009, le giraron $
37.807.688 determinando que no se dispuso de dos cheques de la nómina, los que
suman $ 1.722.100. En total, son 42 cheques dubitados.
De
acuerdo con las pericias de la PDI, el senador efectuó el cobro de los cheques
a través de tres formas: depósito en cuentas corrientes a su nombre en l Banco
de Chile (que corresponden a la mayoría de los documentos), en el Banco
Santander o cobranza a través de caja.
“En la
cuenta corriente del Banco de Chile, el senador Carlos Bianchi Chelech depositó
38 cheques por la suma de $ 34.078.858 y, adicionalmente, recibió ingresos en
la cuenta, por montos simliares a los que giraba el Senado, por la suma de $
2.740.984”, manifiesta el documento, agregando que “o se dispuso de la
totalidad de los listados e movimientos del período estudidado. Sin embargo, el
timbraje y los registros que se efectuaron tanto en su anverso y reverso,
permitieron establecer su forma de cobro”.
En la
cuenta del Banco Santander Santiago, se identificaron dos depósitos por un
total de $ 1.898.338, correspondientes al seis de febrero y seis de marzo de
2009. Además, en esa cuenta ingresó, en octubre de 2009 y con cheque del mismo
banco, un depósito de $ 780.492, monto que, según estipula el informe de la
PDI, “presenta similitud a los cheques que giraba el Senado a Carlos Bianchi
Chelech, considerando que se le emitieron cheques hasta septiembre de 2009”.
Por
último, uno de los documentos fue cobrado directamente en caja, en Valparaíso,
en mayo de 2009.
El
informe señala que, al revisar los giros de fondos desde las cuentas corrientes
de Bianchi en las que se depositaron los
cheques del Senado, “no salió ningún monto igual al cheque girado por el
Senado, sino que hay salidas fraccionadas de distintos montos y en fechas que
distan del depósito”. La PDI “efectuó la revisión a los listados de movimientos
de moneda nacional de la cuenta corriente del Banco de Chile y los estados de
cuenta corriente del Banco Santander, ambas de la sucrursal de Punta Arenas,
por el período comprendido entre abril de 2006 y septiembre de 2009, no
encontrándose retiros por el mismo valor o montos similares a las cantidades al
pago de arriendo”.
La
institución también estudió los movimientos de la cuenta corriente de Victoria
Retamales Espinoza, estableciendo que se le giraron entre octubre de 2009 y
noviembre de 2010 documentos por la suma de $ 13.865.530.
El
informe detalla que “no existen depósitos por montos similares a los recibidos
por el senador Bianchi por los conceptos indicados en el período de noviembre
de 2007 a diciembre de 2009”.
Agregó
que “falta analizar desdea bril de 2006 a octubre de 2007, periíodo en el cual
los cheques emitidos eran nominativos a Carlos Bianchi por el Senado; es decir,
recepcionó los cheques entre abril de 2006 a septiembre de 2009”.
El
informe detalla que “se pudo evidenciar que de dos cheques girados a Victoria
Retamales y depositados en su cuenta corriente, al día siguiente se giró un
valor similar y uno igual. En estas operaciones están involucradas las dos
cuentas corrientes del senador Carlos BIanchi Chelech como receptor de los
giros”.