El parlamentario magallánico Carlos Bianchi Chelech por estos días aparece cuestionado por algunos de sus pares tanto del Senado como de la Cámara de Diputados al ser nominado para integrar la “Comisión Bicameral de Asignaciones Parlamentarias” dado que pesa sobre él una querella de negociación incompatible y de fraude al Fisco que persigue el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La propia presidenta de la Cámara Alta, Isabel Allende, al conocer el asombro que produjo en funcionarios administrativos de alto rango de la Cámara de Diputados y de varios legisladores por tal nominación, manifestó que el próximo 7 de enero se analizará nuevamente el tema al manifestar que “tal como fueron designados (Bianchi y el senador Eugenio Tuma quien también es cuestionado por el Ministerio Público en la Región de La Araucanía) podrían cambiarse los nombres”.
“Tenemos que verlo en enero para ver si se mantienen”, informó la senadora Allende.
Por su parte, el jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, expresó que cuando el oficio del Senado fue leído en comité de la Cámara “produjo una burla generalizada. Me parece imprudente y con muy poca presentación que dos parlamentarios que están siendo investigados por el posible mal uso de las asignaciones parlamentarias, formen parte de esa comisión. El Senado tiene que ser más prolijo en este tipo de situaciones”, dijo Monckeberg.
Historia judicial
Los hechos comenzaron a conocerse públicamente cuando el 22 de abril de 2013, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, comienza a indagar una causa judicial por el delito de negociación incompatible.
En esa época el diario El Mercurio de Santiago, publicó que el CDE se hizo parte de la investigación por el “arriendo que entre los años 2006-2009 el senador pagó a su suegra -hoy fallecida- por un inmueble de su propiedad, el que está ubicado en calle Ignacio Carrera Pinto, en pleno centro de Punta Arenas”.
Bianchi Chelech llegó a pagar un millón 298 pesos de arriendo mensual por una oficina de 33 metros cuadrados de propiedad de su suegra Fresia Espinoza Alarcón.
Desde los tribunales se ha dicho que la conducta desplegada por el querellado es, al menos, una “conducta típica antijurídica y dolosa”, que se encuadra en la figura penal contemplada en el artículo 240 el Código Penal.
En dicho artículo se expresa la prohibición que tienen los funcionarios públicos de establecer negocios u operaciones a su cargo, con parientes como cónyuges, hijos, padres, suegros, cuñados concuñados, y otros, estando dicha norma por sobre el reglamentos corporativos que puedan tener el Senado o la Cámara de Diputados.
Recientemente se amplió la querella a fraude al fisco, investigación que lleva adelante el Ministerio Público. El fiscal regional, Juan Agustín Meléndez, corroboró el hecho manifestando que la indagación “está en curso”.
Sobre el caso, un informe reciente de la Policía de Investigaciones (PDI) da cuenta que una de las firmas del contrato de arriendo presentado por Bianchi, es falsa.
La pericia de la PDI concluye que “la firma del arrendador cuestionada que ostenta el contrato de arrendamiento, materia de estudio, puesta a nombre de Fresia Espinoza Alarcón es falsa”, concluye el lapidario informe.
Ilícito penal
Se ha informado desde fuentes judiciales que “la investigación de la Fiscalía y de la Unidad Anticorrupción ha avanzado bastante al día de hoy” ya que se trata de “un ilícito penal bastante objetivo”.
Abogados del foro local han manifestado sobre este caso que el dolo de este ilícito queda de manifiesto cuando el precio pagado por la sede del senador Bianchi es abultadísimo, de manera que él no puede desconocer que se encontraba frente a una negociación de carácter incompatible. No es accidental, el hecho que haya contratado la sede a un pariente, se ha expresado.
Se ha dicho también por parte de los abogados que el parlamentario tenía plena conciencia de que el contrato celebrado se enmarca dentro de una operación confiada a su cargo, que el inmueble sería y fue ocupado como oficina parlamentaria, que su arriendo sería financiado con fondos públicos y que el pago lo efectuaría el Congreso de la República, situación que se refuerza con cheques girados por el Senado a nombre del propio senador Bianchi.
Senado
De acuerdo a los antecedentes aportados por el Senado de la República, “la renta mensual pagada evolucionó en aumento desde los $850.000 iniciales de abril del 2006 a la suma de $1.000.298 que fue la última renta pagada por el Senado en el mes de diciembre de 2010, variando anualmente.
Se manifiesta también que Bianchi con fondos que le reportó el Senado, pagó de arriendo entre abril de 2006 a abril de 2007, 850 mil pesos mensuales; entre mayo de 2007 a abril de 2008, 872 mil 100 pesos mensuales.
Posteriormente, el arriendo subió a 949 mil 169 pesos mensuales entre mayo de 2008 a abril del 2009; entre mayo de 2009 a abril de 2010, Bianchi canceló un arriendo mensual de 980 mil 492 pesos y entre mayo de 2010 a diciembre del mismo año, el canon mensual fue de un millón 298 pesos.
Hasta el año 2006, el procedimiento para cancelar los arriendos de sedes parlamentarias mantenía cierta discrecionalidad. Existía un monto fijo para ese desembolso. Sin embargo, posteriormente la situación cambia y la Cámara Alta acuerda crear el “Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias”, para tener un mayor control de los dineros girados por ese y otros conceptos, ya que se prestaba para cometer abusos o ilícitos.
De allí también nace la figura de la “Comisión Bicameral de Asignaciones Parlamentarias (Senado y Cámara de Diputados) para un mayor control de los gastos que incurren los parlamentarios.
En conocimiento de los hechos relatados y de la nominación de Bianchi para que integre dicha comisión, surge la polémica y el rechazo de parte de funcionarios de la Cámara de Diputados y de parlamentarios. Mientras no se aclare la situación, han sostenido que “no es recomendable que asuma tal designación”.