En
materia de seguridad, la situación en la Región de Magallanes es
excepcional y particularmente buena. Sin embargo, el ruido del norte no
deja indiferente a nadie, menos aún si es también motivo de disrupción
en la agenda de Gobierno. En números (aunque no olvidemos: esos números
son vidas, todos y cada uno), fue un quíntuple homicidio en la comuna de
Lampa, Región Metropolitana, el martes; uno cuádruple en Quilicura,
misma región, el domingo; y otros en Huechuraba, Estación Central,
Independencia, Pedro Aguirre Cerda, Renca y Viña del Mar, dejando un
total de 16 víctimas fatales únicamente el fin de semana.
El
recrudecimiento de la violencia, el uso de armas de fuego, el atacante
de identidad desconocida, el ingreso al país del crimen organizado
transnacional, entre otros, son factores que han encendido las alarmas,
al punto que en el debate político la oposición ha exigido la salida de
Carolina Tohá, ministra del Interior, de su cargo.
Dos
exautoridades regionales advirtieron lo excepcional (y privilegiado, de
alguna forma) que es Magallanes, a la vez que hacían sus análisis sobre
las causas de estos hechos.
Por
ejemplo, para el exsecretario regional ministerial (Seremi) de
Justicia, el abogado socialista Pablo Bussenius, hubo una falta de
preparación estatal: “Hoy por hoy nos vemos enfrentados a nuevas
modalidades de comisión de delitos, propias del crimen organizado y el
narcotráfico, para los cuales Chile no se encontraba suficientemente
preparado”.
“Valoramos
los esfuerzos realizados por el Gobierno de Chile y del parlamento para
hacerles frente, pero se requiere de un esfuerzo todavía aún mayor de
parte del Estado en su conjunto y de la unidad de todos los sectores
para combatir este flagelo de manera eficaz. Para los socialistas la
seguridad es un derecho humano que el estado debe garantizar”,
complementó.
Por
su parte, para el exgobernador y abogado Juan José Srdanovic Arcos hubo
“al menos” dos factores que incidieron en que el país llegara a este
punto: “Cuando entra el narco a una sociedad como ha entrado en Chile,
suele generarse un poder paralelo al del Estado con recursos económicos
que a veces son mucho más elevados que los del Estado, y entra el crimen
organizado y el crimen internacional que es muy difícil de pesquisar.
Ese es uno de los mayores problemas que tiene la sociedad cuando ingresa
el crimen organizado”.
Segundo:
“El otro problema es cuando los países tienen fronteras muy permeables.
En el caso de Chile, el convenio de Ottawa, en 2014, cuando se retiran
las minas antipersonales con un informe negativo de parte del Ejército,
que le anticipa a la Presidenta Bachelet que esto iba a pasar, que iban a
quedar permeables y que podían entrar personas con antecedentes
penales, delincuentes, al país”.
Entonces,
lo de estos días es el resultado de una convergencia de dos factores.
“Tenemos fronteras permeables que incentivan la migración de
delincuentes hacia Chile y que lo ven como un muy buen mercado para
delinquir; y además tenemos el crimen organizado, con ribetes
internacionales, donde el narco ha instalado con fuerza y ha generado
estructuras paralelas a las del Estado, con muchos recursos económicos.
Para combatir al narco no se pueden aplicar las políticas de la
delincuencia común; es necesario crear políticas públicas precisas para
combatirlo”.