Para muchos en el país el
caso del imputado, desaforado y suspendido senador Carlos Bianchi Chelech, es inexplicable.
Desde otras latitudes del
país les cuesta entender a un personaje como el ex locutor radial y sus
innumerables y contradictorias estrategias que ha utilizado en la política y
ahora también en su defensa judicial.
Hace casi dos años partió
negando que hubiera cometido ilegalidad alguna y que no había razones para
acusarlo de los delitos de negociación incompatible y fraude al Fisco, por el
arriendo a familiares directos, de vetustas oficinas, con un sobreprecio
notablemente alto.
Pero tras ser formalizado
por el fiscal Juan Agustín Meléndez, insistió en que iría a enfrentar a la
justicia para dar a conocer “su verdad” y agregó que las penas solicitadas por
el ente persecutor (que en total suman 9 años de prisión y la inhabilidad por
una década para optar a cargos de elección popular), eran excesivas si se
comparaba esas faltas con las cometidas por otros personajes involucrados en
escándalos transversales de financiamiento ilegal de campañas electorales;
profirió amenazas e insultos contra el fiscal Meléndez e instruyó a los
abogados de su defensa para que hicieran lo posible para evitar su desafuero,
contratando a Mauricio Daza y Guillermo Soto Piñeyro.
El tinglado que pretendía
negar la calidad de empleado público del cuestionado senador, se vino abajo,
primero por la unanimidad de los ministros integrantes de la Corte de
Apelaciones de Magallanes, quienes determinaron el desafuero de Bianchi, y,
después, en Santiago, donde la gran mayoría del Pleno de ministros de la Corte
Suprema respaldó lo obrado por el tribunal de alzada magallánico.
Pero el cuestionado senador
no quedó conforme e insistió en seguir
enfrentando a la justicia, desde el estrado de los acusados, pero recurrió al
Tribunal Constitucional a través de su defensa, donde sufrió un nuevo revés
legal.
Insatisfecho, presentó un
proyecto de reforma constitucional pertinente al fuero parlamentario, en parte
del cual se lee que “desde el momento en que se declare, por resolución a
firme, haber lugar a formación de causa, queda el diputado o senador imputado
suspendido de su cargo y sujeto al juez competente, a menos que el senador o diputado acepte voluntariamente,
la formación de causa en su contra”(sic)
Hasta aquí no se tiene
conocimiento de la suerte que ha corrido este singular proyecto de reforma del
artículo 61 de la Constitución chilena, aunque es difícil que logre el quórum
necesario en medio de la refriega parlamentaria por la probidad en el ejercicio
de sus funciones.
Posteriormente, la defensa
del imputado Bianchi ha ido planteando algunas maniobras dilatorias del inicio
del juicio oral ante el Tribunal de Garantía de Punta Arenas, ante cuyo titular
deberá concurrir Bianchi y sus cuñados Victoria y José Retamales Espinoza,
también imputados en el caso de negociación incompatible y fraude al Fisco.
Sin embargo, y mientras
dure el proceso contra los tres imputados, el senador continuará percibiendo la
dieta fijada por ley y las asignaciones que le sigue cancelando el Senado de la
República, en una medida que homologó a la de la Cámara de Diputados en
relación a integrantes en problemas con la justicia.
Pero, finalmente, se espera
que el juicio se desarrolle a partir del 9 de noviembre, si Bianchi y su
defensa no sacan de su experiencia una triquiñuela jurídica que vuelva a
postergar el esperado encuentro de Bianchi, sus cuñados y sus abogados
defensores contra la Fiscalía Regional, el Consejo de Defensa del Estado y los
querellantes particulares que los acusan de negociación incompatible y fraude
al Fisco
Barrientos el viajero
Para personal que trabaja
en el aeropuerto de Punta Arenas ha llamado la atención que en los últimos dos
meses quien ha seguido viajando entre Santiago y Punta Arenas sea el asesor y
conductor del parlamentario, Claudio Barrientos Mol. “Utiliza semanalmente
pasajes aéreos, los cuales son de una alta tarifa, permitiendo cambios de
fechas y elección de asientos prioritarios. Me sorprende la cantidad de veces
que viaja, preguntándome acerca de esos gastos de traslados de dónde salen”,
dijo un funcionario que es testigo de los embarques de Barrientos.
Cada ticket aéreo que
estaría utilizando el cercano a Bianchi tiene un costo de $ 350.000, lo que al
mes se aproxima a $1.400.000.