Contraloría encontró
incumplimientos e irregularidades en la elaboración de bases, asignación de
recursos y rendición de los gastos de las inversiones realizadas en el
ejercicio presupuestario de 2013. La Intendencia de Magallanes y algunas
instituciones beneficiadas elaboran respuestas para el ente fiscalizador.
La situación se suma a lo
ocurrido el año pasado, cuando una veintena de instituciones quedaron sin poder
recibir los recursos, excluidos por la redacción de la Ley de Presupuesto. Para
el presente año, el CORE ha pedido mayor participación.
El objetivo es simple: fortalecer
la capacidad de distintas instituciones de sacar adelante iniciativas que sean
un aporte para la comunidad en temas de cultura, deporte y seguridad. Eso, que
suena simple, no lo es tanto en la práctica.
Varios dolores de cabeza ha
enfrentado el Gobierno Regional de Magallanes (GORE) en la elaboración,
asignación de los fondos concursables con cargo al 2% del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR).
El más reciente, tiene que ver
con la auditoría realizada por la Contraloría de Magallanes y la Antártica
Chilena sobre la rendición de cuentas de los fondos asignados con el
Presupuesto 2013, cuyo informe fue publicado a fines de este enero.
En él, el ente fiscalizador dio
cuenta de una serie de irregularidades e incumplimientos tanto en la
tramitación de los fondos, realizada por el GORE, como con la rendición y
justificación de los mismos, por parte de las entidades beneficiadas con los
recursos, entre ellas, las municipalidades de Punta Arenas y de Puerto Natales.
Por ello, Contraloría ordenó un
total de 11 procedimientos administrativos tendientes a determinar las
responsabilidades comprometidas en las situaciones cuestionadas.
El contexto de los hallazgos del
órgano fiscalizador es el de un gasto de más de $ 1.300 millones en un total de
233 proyectos; cada uno de ellos, con decenas de boletas asociadas. El examen
sólo se enfocó en cerca de un tercio de las iniciativas.
La situación generada con dichos
fondos -sobre la cual quedan pendientes respuestas del GORE y los
beneficiarios, además de nuevas fiscalizaciones- llega después de un 2014 en
que la Intendencia de Magallanes no logró ejecutar la totalidad de los
concursos públicos relacionados con el 2% del FNDR.
La situación pesó durante todo el
año pasado. Más de una veintena de insittuciones sociales, culturales y
deportivas se encontraban con la incertidumbre sobre la recepción de los
fondos, luego de que la Ley de Presupuesto tuviera cambios en su redacción con
respecto a años anteriores.
Las complicaciones se generaron
debido a una indicación a la ley: el año pasado, se agregó que “en el caso de
las actividades deportivas, solo podrán presentar proyectos las organizaciones
cuyo fin único sea la realización del deporte amateur”, excluyendo de esta
manera aquellas instituciones que postularon a estos fondos como deportivas
sociales o deportivo culturales.
El texto agregado fue propuesto
por el diputado Sergio Aguiló (IC), con el objetivo de asegurar que estos
fondos se distribuyan a instituciones amateur y no a profesionales como ya
había ocurrido. La situación dejó fuera a decenas de instituciones a nivel
nacional. En Magallanes, los proyectos fueron evaluados positivamente pero
debido a esta situación no llegaron al CORE para la aprobación final y se
consultó a la Contraloría General de la República para definir los alcances
reales de dicha glosa presupuestaria.