Un análisis del Ministerio de Desarrollo Social indica que 8 millones 607 mil 177 personas reciben ayudas estatales para enfrentar su lucha contra una situación económica y social que pudiera calificarse como precaria y ello representa una cobertura fiscal del orden del 50 por ciento de la población chilena.
Sin embargo, Antofagasta presenta una situación que indica que esos beneficios llegan sólo a 197.284 personas, es decir, representa un porcentaje del 35%, mientras que Magallanes, con un porcentaje del 43% de la población, es decir, 63.917 personas recibe esos beneficios, a las que hay que añadir a la Región Metropolitana que recibe un 39% de aporte estatal para ayudar a 2.705.644, es decir, ella sola percibe casi un tercio del monto total de subsidios de 16 diversas características.
Las regiones que más aporte estatal reciben por esta vía de ayuda social son, en primer lugar la de Aysén que, con 74% de ayuda estatal, lo que implica a 74.707 personas.
A continuación se ubican las regiones de La Araucanía, con 663.035 personas, con un 66% al igual que la del Maule, lo que representa 673.198 personas, y la de Los Ríos, con el mismo porcentaje, pero con un número de personas que alcanza a las 242.877.
La del Bío Bío, con
1.254.628 personas beneficiadas, o sea, el 61% de la población, también se anota en este singular ránking, en el cual aparece la región de Los Lagos, con un 60% y 597.815 personas, y la de Arica–Parinacota que, con un 63% de subsidios beneficia a 107.777 personas, siendo la que más recibe en la zona norte de Chile.
Entre las regiones que se ubican en la medianía de este análisis figuran la de O’Higgins (56 por ciento y 505.829 personas); Coquimbo (411.316 personas y un porcentaje del 56%), Atacama (con un porcentaje del 54% y 149.370 personas); Valparaíso (51% y 911.696 personas) y, finalmente, Tarapacá (con 138.084, con un porcentaje del 44%).
Los datos para este análisis fueron extraídos del Registro Social de Hogares (RSH), método que desplazó a la criticada Ficha CAS hace un tiempo, que se nutría de los antecedentes que aportaban los mismos usuarios.
Este RSH complementa, actualiza y contrasta periódicamente la información declarada por las personas con las bases administrativas del Servicio de Impuestos Internos (SII), el Registro Civil, la Administradora del Fondo de Cesantía, del Instituto de Previsión Social, de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Educación, entre otras entidades que recaban datos y antecedentes de las personas y sus grupos familiares.
Y qué indica ese análisis: que se trata de 8,6 millones de personas que habitan en hogares de menores recursos y que viven, al menos, con un subsidio fiscal o una transferencia financiada por el Estado.
Y hay datos duros: a junio de este año, existían 4,5 millones de hogares chilenos inscritos en el Registro Social de Hogares, y de ellas, 2,8 millones de familias (con un total de 8,6 millones de personas) recibieron, al menos, un beneficio, subsidio o transferencia directa el año 2015.
¿Cuáles?
El listado es largo, pero, con la participación del INE, se mencionará sólo algunas de las 16 transferencias fiscales directas disponibles; subsidio único familiar, SUF; de discapacidad mental; y para el empleo juvenil, además de la pensión básica solidaria, PBS; y el aporte previsional solidario (APS) de vejez y los conocidos bonos por hijo nacido vivo,, bodas de oro y el aporte familiar permanente.
¿El costo?
El gasto social significa la enorme suma de 39.300 millones de dólares, cautelados en la Ley de Presupuesto 2016, de los cuales 2.576 millones de dólares financian, directamente, estos 16 subsidios que llegarían a 8,6 millones de personas, es decir, la mitad de la población de nuestro país.